El Govern denuncia «una ofensiva judicial» del Estado mientras reclama diálogo

La Generalitat hace balance de los pleitos que mantiene con el Estado en los tribunales antes de que Sáenz de Santamaría y Junqueras se reúnan

La explícita declaración de intenciones del Gobierno para tratar de «reconstruir el diálogo y el entendimiento» con Cataluña ha tenido una respuesta escéptica del Govern. El portavoz de ERC Sergi Sabrià lo tildó de «operación de maquillaje» mientras que la portavoz de la Generalitat, Neus Munté, reiteró ayer que hay que pasar «de las palabras a los hechos». Y ante la inminente ronda de encuentros entre Gobierno y Govern –el primero será entre vicepresidentes, Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras–, el ejecutivo de Carles Puigdemont ha querido poner a la orden del día el conflicto de competencias que mantienen la administración estatal y la autonómica en los tribunales.

Así, ayer el Consell Executiu hizo balance de los conflictos competenciales y cifró en 27 los recursos y conflictos planteados por el Govern y en 18 los del Estado. Munté enmarcó esta situación dentro de una «ofensiva judicial» del Gobierno contra Cataluña y una actitud de «sistemática deslealtad institucional y falta de respeto hacia el autogobierno». La Generalitat acusa a España de llevar «numerosas cuestiones» a los tribunales, así como de «incumplir la legalidad vigente» no acatando sentencias firmes del Tribunal Constitucional y de las salas del contencioso administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional.

El Govern recordó estas desavenencias judiciales el día en que el Congreso votaba votaba el suplicatorio de Francesc Homs para que sea el Tribunal Supremo quien le investigue por el 9-N. Y un día después que se confirme la inhabilitación del juez independentista Santiago Vidal. De esta manera, el Govern inicia una estrategia para medir hasta dónde puede llegar el «diálogo» predicado por el Gobierno para afrontar la situación política catalana.

Entre los 18 recursos de inconstitucionalidad planteados por el Estado se encuentran el sonado sobre ley de pobreza energética, o la ley para llevar a cabo al referéndum. También están la ley de acción exterior y el decreto de estructuración de la conselleria de Exteriores y el decreto para crear el Comisionado para la Transición Nacional, o la ley de horarios comerciales, la de comunicación audiovisual de Cataluña, la del occitano y la de creación del municipio de Medinyà.

Entre los 27 recursos de la Generalitat, hay 18 de inconstitucionalidad y 9 de conflictos de competencia. Entre los de inconstitucionalidad destacan la ley para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) impulsada por el ex ministro José Ignacio Wert o la ley de racionalización del Sector Público y la de la Administración Local. Entre los conflictos de competencia sobresalen los reales decretos que regulan la evaluación final de Educación Primaria y las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

Finalmente, el Govern también ha presentado 56 recursos contenciosos administrativos contra el Estado por invasión de competencias en materia de subvenciones. De los 56, 7 corresponden al Tercer Sector, 6 a la finalidad del IRPF, 8 a industria, 5 a agricultura, 4 a energía, 3 a turismo, 3 a riesgos laborales, 2 a medio ambiente, 2 a educación, 2 a comercio, 2 a cultura y 1 a la administración local.