El Govern organiza un gabinete de crisis para encarar la deuda

Las arcas de la Generalitat están vacías y no tienen capacidad para afrontar los pagos en el más inmediato de los plazos, como las nóminas de sus empleados públicos o las facturas pendientes al sector sociosanitario, al que adeuda más de 2.000 millones de euros, entre otros ejemplos. Tan delicada es su situación financiera, que las agencias de calificación ven probable que el rating de Cataluña pueda llegar a equipararse al de Albania, Angola o Bosnia. Una amenaza que provocó una reunión de urgencia entre el conseller de Economía, Oriol Junqueras y su homólogo en el Gobierno, Luis de Guindos, cuya intervención consiguió que la situación de la deuda catalana quedase «en revisión».

Cataluña sólo puede sostenerse económicamente gracias al Estado, porque además de ser su principal acreedor, le facilita ingresos a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para evitar la situación de impagos. Al cierre de este año, Cataluña pedirá prestados más de 7.500 millones, que servirán para obtener un respiro.

Antes de las vacaciones de Semana Santa, el Govern envió al Ministerio de Hacienda el necesario Plan de Ajuste para poder acceder a esta ayuda, pero al no cumplir todos los requisitos está de nuevo en fase de redacción. El líder del PP en el Parlament, Xavier Garcia-Albiol, denunció que el Govern ocultó este documento porque, dijo, cedía a alguna de las condiciones impuestas desde Madrid, como el control del aumento del gasto, el techo de déficit o los límites del endeudamiento.

Bajo esta coyuntura se celebró ayer la primera reunión del grupo de trabajo creado para abordar la sostenibilidad de las arcas catalanas entre representantes de la Generalitat y del resto de grupos parlamentarios. El objetivo de estos encuentros, que a priori tendrán una periodicidad quincenal, será el de «facilitar el acceso a la información» respecto al endeudamiento de Cataluña, así como para valorar «cómo hacer más sostenible» la carga financiera de las cuentas públicas. También para estudiar los criterios establecidos por los organismos «supraestatales» respecto a la redefinición de la deuda y para analizar el gasto efectuado y comprometido derivado de ésta.

Así lo explicó ayer el departamento de Economía a través de un comunicado, en el que también quiso aclarar que el foro servirá para aportar el máximo de información pero no para adoptar medidas, ya que eso corresponde al Parlament.

Todos los grupos coincidieron en la necesidad de esta mesa de trabajo y valoraron de forma positiva la iniciativa, que además da cumplimiento a una resolución aprobada en el pleno dedicado a la emergencia social, con el objetivo de plantear fórmulas que se puedan plasmar en los próximos presupuestos.