El Govern pone el diálogo bajo sospecha

El conseller Baiget recela de las entrevistas de Sáenz de Santamaría con los líderes de PSC y Ciutadans. El ministro Català insiste en que el Gobierno dedicará «más atención» a Cataluña.

Lejos de felicitarse por el interés que el Gobierno está mostrando en mejorar las relaciones con Cataluña, el Govern continúa emitiendo mensajes de desconfianza respecto a la verdadera voluntad de Mariano Rajoy por aflojar el pulso con las instituciones catalanas. El Govern se ha sentido descolocado por la estrategia del Gobierno, que no quiere tener en el Palau de la Generalitat a sus únicos interlocutores, sino que aspira a mantener relaciones con una buena parte del tejido político, social, económico y cultural de Cataluña.

«Lo primero que debe hacer el Gobierno es hablar con quienes tienen la legitimidad del pueblo de Cataluña para que gobiernen, es decir, con el Govern», protestó ayer el conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, en declaraciones a Catalunya Ràdio. Baiget lamentó de esta manera que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se entrevistara este miércoles con los líderes del PSC , Miquel Iceta, y de Ciutadans, Inés Arrimadas, en lugar de dar preferencia al Govern.

La lista de 46 puntos

Aunque todavía no hay fecha, está previsto que dentro de poco Soraya Sáenz de Santamaría se reúna con Oriol Junqueras para abordar la lista de 46 reivindicaciones catalanas. «Con el tiempo que hace que se han planteado estos puntos, la respuesta ya debería estar preparada. Es más, algunas deberían haberse hecho efectivas si hubiesen querido tirarlas adelante. Pero esto no se ha hecho», criticó el conseller de Empresa y Conocimiento.

Los reproches de Baiget contrastaron con los mensajes del Gabinete de Rajoy, quien ha dado la instrucción a sus ministros de intensificar el diálogo con Cataluña. «Todos los miembros del Gobierno tenemos incorporada ya en nuestra agenda y vamos a dedicarle todavía mas atención y más tiempo a la presencia en Cataluña, a la negociación con nuestros colegas», explicó desde Bruselas el ministro de Justicia, Rafael Català. Admitió, en este contexto, que al Ejecutivo central le «preocupa encontrar soluciones» al «debate político y social» existente en Cataluña.

El ministro dio, por otra parte, una muestra del interés del Gobierno por rebajar la tensión a la hora de referirse a la polémica por la posición de cargos políticos catalanes que llamaron a trabajar en el día de la Constitución, y restó importancia a lo ocurrido. Catalá recordó que el 6 de diciembre él mismo estuvo en el Congreso de Diputados y que ayer, 8 de diciembre, festivo en toda España, estaba trabajando en Bruselas. «Que cargos públicos, que los electos puedan acudir a su Ayuntamiento o a su oficina un día festivo no sé si es muy bueno en términos de conciliación de la vida personal y laboral, pero lo hacemos con mucha frecuencia», dijo.

Explicó en ese contexto que se recopila información sobre lo ocurrido, pero que parece que algunos concejales acudieron a despachos, sin que se cometiera ninguna irregularidad. «Si lo que pretendían con eso es hacer una manifestación expresa de que no celebran el día de la Constitución, cada uno sabrá lo que celebra o no celebra», añadió el ministro. E insistió en que «en principio» no percibe «elementos de ilegalidad» en que un cargo público o cargo electo acuda a su despacho incluso un día festivo.

Por otra parte, preguntado por la reunión convocada por del presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, para preparar el referéndum sobre la independencia de Cataluña, dijo que no puede hacer una valoración, porque esa consulta «no cabe en nuestro modelo constitucional». «Existe la figura del referéndum, las consultas a la ciudadanía se pueden hacer dentro del marco de las competencias del convocante», dijo el ministro, que añadió que, en todo caso, la misma debe estar siempre vinculada «con aquellas cuestiones que son competencia del que la convoca».

«Como la independencia de una parte del territorio respecto del resto de la nación no está dentro de nuestra Constitución, ese referéndum no se podrá celebrar», subrayó. Y se mostró «seguro» de que “«todos los gobernantes responsables» encontrarán «vías de dialogo y de acuerdo para que nadie cometa ninguna ilegalidad».