El Govern presenta la nueva ley antidesahucios para burlar al TC

Los municipios y la Mesa del Tercer Sector lo avalan, la PAH se desmarca. Aumenta la presión a los bancos para ceder viviendas vacías. Una comisión estudiará prohibir alquileres «abusivos»

Casi tres meses después de la reunión urgente que Carles Puigdemont celebró con los ayuntamientos y con el tercer sector para responder a la suspensión de una parte de la ley catalana antidesahucios, el Govern presentó ayer una alternativa para burlar la decisión del Tribunal Constitucional (TC). En esa primera reunión se acordó que la nueva ley sería exprés, que se haría vía lectura única, que es el procedimiento que permite legislar con más celeridad. Pero los trabajos previos, en los que han participado la conselleria de Gobernación, los promotores de la Iniciativa legislativa Popular que impulsaron la ley recurrida (la PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética), el Consejo de la Abogacía de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona, entre otros municipios, han situado la presentación del anteproyecto de ley a finales de julio. Esto quiere decir que no llegará al Parlament hasta septiembre.

El mismo president de la Generalitat fue el responsable de exponer la propuesta en una cumbre en el Palau de la Generalitat donde volvieron a verse la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el presidente de la Mesa del Tercer Sector, Oriol Illa, o representantes de la Plataforma Antidesahucios, a quien no convence el resultado. «Se queda corta para evitar los 40 desahucios que cada día sufre Cataluña y para movilizar las cerca de 40.000 viviendas vacías que se necesitan para plantar cara a la pobreza habitacional», lamentó uno de sus portavoces, Guillem Domingo.

Colau, ex activista de la PAH, emplazó a sus ex compañeros a seguir trabajando. La alcaldesa ve el texto como un buen punto de partida, aunque advierte de que «hay que ir más allá». Por ejemplo, propuso regular alquileres abusivos. La misma lectura hizo el presidente de la Mesa del Tercer Sector. Aplaude que se presione aún más a los bancos, a los que se obliga a ceder los pisos vacíos para destinarlos a alquiler social para familias que estén a punto de ser desahuciadas. Si las entidades financieras hacen oídos sordos, la Generalitat propone expropiarles el uso, que no la propiedad, por un periodo de entre cuatro y diez años. Según cálculos de la Mesa del Tercer Sector en Cataluña hay unas 47.000 viviendas vacías y alrededor de 50.000 personas que necesitan una vivienda digna. Su presidente denunció que «estamos en esta situación porque no hay vivienda social». Ésta apenas llega al 2 % cuando en el resto de la UE, la media se sitúa en un 16 %.

Tal y como explicó Puigdemont, el nuevo proyecto, pretende llegar a los mismos objetivos que la ley suspendida, pero con caminos diferentes. Además de presionar a los bancos, recupera con más contundencia el sistema de mediación entre las entidades financieras y las personas que no pueden pagar la hipoteca u otros créditos. Se crearán comisiones de mediación formadas por representantes del Govern, ayuntamiento, abogados, entidades sociales y bancos para estudiar cómo sanear deudas y en casos extremos, condonarlas.

Puigdemont recogió el guante de Colau y avanzó que en septiembre se crearán un grupo de trabajo para estudiar una regulación en el ámbito de la vivienda que evite los alquileres abusivos. La intención es dar al mundo local un instrumento útil para luchar contra la emergencia habitacional.

El representante del PP en la cumbre, Santi Rodríguez, expresó que el proyecto demuestra que se pueden hacer leyes dentro del ordenamiento jurídico.