El independentismo pierde fuelle: sus apoyos bajan ya al 44,5%

El bipartidismo alimentó el monstruo separatista. Es hora de acuerdos de Estado que permitan acabar con su aparato.

El independentismo no tiene la capacidad de ser dominante en Cataluña, ni siquiera en el momento de mayor hiperventilación de la locura independentista, en la elecciones celebradas bajo el artículo 155, en diciembre de 2017, las candidaturas independentistas de ERC, JxCat y CUP obtuvieron el 47,6% del voto válido. Este porcentaje ha ido menguando en los últimos dos años, registrando el 44,5% en el sondeo de octubre de NC Report para LA RAZÓN.

No obstante, el sistema electoral autonómico catalán diseñado por Pujol, en el que se prima el voto rural de la Cataluña profunda y radicalizada de Lérida y Gerona, la Tractoria en declive, en detrimento del hispanizado y productivo litoral de Tarragona y Barcelona, la próspera Tarbarnia.

En Cataluña, como ya sucedió en el País Vasco, el separatismo ha llegado al límite. Se encuentra con un muro infranqueable que es el Estado de Derecho. No es posible más transferencias, el Estado no puede abandonar Cataluña ni Navarra ni al País Vasco. Sino todo lo contrario, debe rescatar competencias y aumentar la presencia física de sus funcionarios en detrimento de los autonómicos. Medios de comunicación y educación públicos deben volver a ser competencia del gobierno central. Ya no se trata solo de seguridad interna, ya es un problema de defensa nacional. Durante décadas el bipartidismo ha permitido crecer al monstruo independentista, es hora de detener el absurdo enfrentamiento entre PSOE y PP y contemplar acuerdos de Estado que permitan acabar con un aparato educativo y mediático a nivel regional que transforma a jóvenes españoles nacidos en Cataluña, en Navarra o en el País Vasco en enemigos de España. Y ya no se trata de conquistar sus corazones con el convencimiento, ya es demasiado tarde, las medidas son duras y van a necesitar que se apliquen al menos durante una generación. La suspensión completa de la autonomía catalana y parcial de la vasca, es la mayor de las prioridades del los acuerdos que deben alcanzar en la próxima legislatura PSOE y PP, tras el 10-N. Por otra parte la deslealtad de las autoridades que representan al Estado en sus respectivas comunidades autónomas, denunciada por el Rey Felipe VI en su mensaje a los españoles del 5 de octubre de 2017, debería ser recogida por los grandes partidos para legislar en consecuencia.

La solución que algunos apuntan de elecciones autonómicas en Cataluña nos devolvería a un nuevo escenario de bloqueo, ya que aunque los separatistas cuentan con la mayoría de escaños, que no de votos, mantendrían paralizado el parlamento regional. Fue el error del improvisado y limitado 155 de 2017. No se trata de devolver la palabra a la ciudadanía, ya que la respuesta sería muy similar y el bucle sería infinito. Es una forma de que los dos grandes partidos nacionales eludan sus responsabilidades y pasen la patata caliente de la crisis catalana al «pueblo». De lo que se trata es de rediseñar el aparato autonómico catalán en su integridad y desmontar la callada, y a veces notoriamente escandalosa, labor de construcción de estructuras de estado propio realizada por Pujol en décadas de permisividad de los gobiernos españoles de uno y otro signo. Esta magna labor de redefinición de la autonomía catalana necesita de un 155 completo y de larga duración.

En dos semanas acudiremos de nuevo a las urnas, las elecciones generales del 10-N tampoco van a modificar excesivamente el mapa político catalán. Las candidaturas independentistas tienen una expectativa del 39,3%, frente al 39,4% que consiguieron el 28-A. Los no independentistas, aunque avanzan ligeramente, pasan del 58,1% al 58,5%, tampoco tienen cambios importantes. Las modificaciones se registran dentro de cada bloque, en el independentista la CUP, que no participó en las anteriores elecciones generales aspira al reunir el 5,3 por ciento del voto en Cataluña y cimienta su resultado en las pérdidas del resto de formaciones separatistas; -1,9 puntos de JxCat, -2,7 puntos de Front Republicá, y -0,8 puntos de ERC.

En el lado de los no independentistas destacan los retrocesos de -2,4 puntos de Ciudadanos y de -0,8 puntos del PSC, que son compensados con los crecimientos de +2,4 puntos del PP y de +0.5 puntos de Vox.

Entre las formaciones a la izquierda del PSC observamos una caída de -2,4 puntos de Podemos en Cataluña, la marca En Común Podemos, mientras que los de Errejón logran

3,1 puntos.

La expectativa de los socialistas catalanes ante el 10-N es de las más negativas de su historia, podrían obtener 11 escaños, uno menos que el 28-A y muy lejos de los 21 de 2004 o 25 de 2008, cuando junto con Andalucía, eran la región que más diputados aportaba al grupo socialista del Congreso de los Diputados.

La llegada de Ciudadanos, y ahora de Vox, y el rearme del PP de Casado, no permiten el despegue del PSC, que ha perdido desde 2008 buena parte de su electorado. En ese año alcanzó el 45,4% del voto en Cataluña en las elecciones generales. El pasado 28-A se redujo prácticamente a la mitad, al 23,2% y hoy tiene una expectativa aun peor, del 22.4%. El cinturón rojo de Barcelona, tradicional feudo del PSC lo debe compartir ahora con formaciones del centro derecha. El PSC fue abandonado inicialmente por sus electores simpatizantes con la causa independentista y seguidamente por los constitucionalistas. Es el precio de la ambigüedad e intentar mantener la equidistancia en un momento histórico en el que se requiere ideas claras y compromiso con la Constitución.