El juez marca el camino del banquillo a Mas, Ortega y Rigau por el 9-N

El magistrado que investiga la causa del 9-N alega que tanto Mas, como Rigau y Ortega llevaron a cabo «actuaciones contrarias» a la providencia de suspensión dictada por el TC, y de forma «intencional y consciente» se negaron «abiertamente a dar cumplimiento al mandato».

«De modo intencional y consciente, y pese a la comunicación al Muy Honorable President de la providencia del Tribunal Constitucional que ordenaba la suspensión de la convocatoria y de los actos de prepración y vinculados a ella, bajo la cobertura de que la actuación se llevaba a cabo exclusivamente por los voluntarios, se negaron abiertamente a dar cumplimiento al mando del Tribunal Constitucional». Éste es uno de los argumentos centrales que esgrime el todavía magistrado del TSJ de Cataluña e instructor del «caso 9-N», Joan Manel Abril, para considerar que hay indicios suficientes para juzgar al ex presidente catalán Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera de Educación Irene Rigau, por los delitos de desobediencia y prevaricación, en relación con la celebración de la consulta independentista, pese a la prohibición expresa por el TC.

En el auto del magistrado, dictado tres días antes de que pase a situación de excedencia voluntaria para dedicarse a docencia universitaria, se destaca el hecho de que los investigados no dictaron ninguna resolución para acatar el mandato del TC, sino que, por el contrario, se enfrentaron a ésta «abiertamente», empleando para ello «mecanismos para eludir esa suspensión, pese a la apariencia de que el proceso sólo se llevaba a cabo por voluntarios».

En cambio, sí adoptaron «resoluciones decisorias y necesarias, algunas en forma verbal», para llevar a cabo la consulta del 9-N, tales como la instalación del sistema informático, la utilización de centros educativos, la compra de ordenadores utilizados para la votación y la instauración de un centro internacional de prensa. En este punto, y para desmontar una de las tesis de las defensas, el instructor deja claro que las resoluciones verbales emanadas de las autoridades, «si son arbitrarias, pueden incidir en el tipo de la prevaricación».

Las defensas esgrimieron desde un principio que, una vez el TC prohibió la consulta, el 4 de noviembre, todo el «proceso» quedó en manos de voluntarios, que fueron los que gestionaron y llevaron a cabo todas las actuaciones que culminaron en la consulta independentista.

Sin embargo, se ha constatado en la instrucción que ello «no fue así», sino que, por el contrario, tras la providencia del TC se llevaron a cabo una serie de actuaciones «que se desarrollaron y llevaron a cabo por contratistas privados, con el conocimiento y acuerdo de los tres investigados», es decir, Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau.

Para esa consulta, la Generalitat adquirió un total de 7.000 ordenadores portátiles, realizó jornadas de formación para los voluntarios y pagó 200 euros al días a cada uno de los más de 150 trabajadores que, durante los días 8 y 9 de noviembre, se encargaron de instalar los portátiles. Para los casi 26.000 voluntarios, el Ejecutivo catalán suscribió una póliza de seguro. El total de dinero público utilizado para esa consulta superó los 800.000 euros. Otro dato significativo es que los investigados no querían que quedase reflejado por escrito ningún acto contrario a la resolución del TC. Por ello, en la mayoría de las ocasiones, las instrucciones eran verbales, como las impartidas a directores de institutos para que abrieran esos centros el 9-N. Algunos de esos directores pidieron expresamente que esas órdenes se las facilitaran por escrito, pero los responsables, en concreto, la consejera de Educación, se negaron.

Por otro lado, tanto Artur Mas como Joana Ortega e Irene Rigau anunciaron de forma inmediata que recurrirán el auto.