El juez del “caso 3%” cita como imputado al ex tesorero de Convergencia

Cifra en un millón de euros las “mordidas” a CDC y señala a 15 empresas investigadas

El ex tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) Daniel Osácar tendrá que declarar como investigado en la Audiencia Nacional el próximo 3 de julio en relación a la supuesta trama de financiación irregular de la extinta formación. El juez José de la Mata -que investiga el “caso del 3%”- ha acordado igualmente la citación como investigados del ex presidente de Infraestructuras de la Generalitat Josep Lluís Quer y del empresario Jordi Sumarroca. Además, atribuye la condición de investigadas a 15 empresas por tráfico de influencias, cohecho y blanqueo, cuyos representantes legales comparecerán ante el magistrado entre el 3 y el 5 de julio.

En la resolución en la que amplía la investigación, De la Mata cifra en 218 millones de euros el montante de las licitaciones bajo sospecha y apunta que “las donaciones irregulares” ligadas a estas adjudicaciones ascienden a más de un millón”

Osácar ya fue condenado en 2018 a cuatro años y cinco meses de prisión por tráfico de influencias, blanqueo y falsedad contable en el “caso Palau”, en el que se investigó el expolio de la institución cultural.

El instructor apunta a “altos cargos” de CDC por poner en marcha, “en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política”, una estructura para financiar ilegalmente a la formación. Para lograr ese objetivo, “alteraban todo tipo de concursos públicos” con la finalidad de “dirigirlos” en favor de los empresarios “conniventes” que efectuaban donaciones a las fundaciones convergentes: Catdem y Fórum Barcelona.

Esos empresarios, mantiene De la Mata, se concertaron “sistemáticamente” con altos cargos de CDC “para alterar en perjuicio de los intereses públicos los procesos de contratación pública” a cambio de efectuar “gran cantidad de pagos al partido”, vulnerando así los principios de legalidad, igualdad y transparencia.

Para enmascarar esos pagos, dice el juez, las empresas habrían recurrido, por un lado, a diversas sociedades o fundaciones pertenecientes al mismo holding y, por otro, los habrían destinado a las fundaciones de CDC “para ocultar al destinatario final”.

Entre las 15 empresas a las que De la Mata atribuye ahora la condición de investigadas figuran Teyco, Urbaser, Copisa, Oproler, Deco, Fundación ACS y Grup Soler.