El juez que investiga a Mas reclama a la Generalitat el coste del 9-N

Le insta además a aclarar si cedió los datos del censo para la consulta

Recuento de votos en Sant Feliu de Llobregat, el pasado 9 de noviembre
Recuento de votos en Sant Feliu de Llobregat, el pasado 9 de noviembre

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado las primeras medidas de calado para avanzar en la investigación por desobediencia a Artur Mas tras la declaración como imputado del presidente de la Generalitat en funciones el pasado día 15. El instructor del procedimiento –en el que están imputadas también la ex vicepresidenta del Gobierno catalán Joana Ortega y la consejera en funciones de Educación, Irene Rigau– ha reclamado a la Generalitat que especifique el coste que supuso para las arcas autonómicas la consulta soberanista del 9-N (que se celebró el pasado año pese a que el Tribunal Constitucional la suspendió cautelarmente). Además, insta al Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) a aclarar si cedió «los datos del registro de la población» de Cataluña con motivo del proceso de participación soberanista. Y en caso de que así fuera y se formalizase en «algún acuerdo o convenio», que lo aporte al tribunal.

En su resolución del pasado día 19, el magistrado Joan Manuel Abril acuerda –a instancias de la Fiscalía– que se requiera a la Conselleria de Economía para que certifique «sobre el coste que comportó el proceso participativo del 9-N, con indicación de los diferentes conceptos y las partidas presupuestarias a las que se asignaron los gastos».

En esa misma providencia, el instructor ordena a la Consejería de Presidencia de la Generalitat, como la pedía la Fiscalía, que certifique «qué dictámenes, asesoramientos o informes, verbales o escritos» se encargaron, al gabinete jurídico de Presidencia o a despachos de abogados externos, para poner en marcha el 9-N (tanto la inicial consulta popular no referendaria como la posterior proceso de participación ciudadana, suspendidas ambas por el TC).

El magistrado aún tiene sobre la mesa una batería de medidas solicitadas por la Fiscalía el pasado martes. Entre otras medidas, los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled prentenden que se requiera a la directora del Centro de Iniciativas a la Reinserción (CIRE) –que encargó a presos de Lérida la confección de las urnas y papeletas del 9-N– que identifique a la empresa de logística encargada de la recogida, entrega y distribución del material. Además, quiere que la empresa que se encargó de habilitar el centro de prensa remita toda la documentación relativa a los trabajos por los que la Generalitat desembolsó 144.244 euros. Los fiscales también instan al juez a indagar en la compra de 7.000 ordenadores para el 9-N.