Mas y Junqueras prevén una secesión exprés en seis meses

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, junto al líder de ERC, Oriol Junqueras
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, junto al líder de ERC, Oriol Junqueras

Acuerdan una «declaración nominal de independencia» tras las elecciones.

Artur Mas y Oriol Junqueras están decididos a completar un viaje supersónico hacia la independencia. El pasado mes de marzo, Mas y Junqueras trazaron una hoja de ruta que preveía la secesión de Cataluña en 18 meses a contar desde las elecciones del 27 de septiembre. Su nuevo acuerdo acelera el antiguo plan y fija la «desconexión» en un plazo de seis u ocho meses en el caso de lograr la victoria. Este proceso exprés culminaría con una declaración unilateral de independencia que consumaría la ruptura con España.

Ya antes, el día después de las elecciones –es decir, el 28 de septiembre–, el acuerdo de CDC y ERC contempla la aprobación de una «declaración nominal de independencia», que no es otra cosa que una declaración de intenciones. Éste sería el pistoletazo de salida para dar pie en el Parlament de Cataluña a un paquete de medidas legales, entre las que destaca una «Ley de Transitoriedad Jurídica» con la que se pretenden llenar los vacíos generados por la secesión.

En este periodo se produciría una convivencia entre marcos jurídicos, aunque la idea de los soberanistas es que allá donde haya legislación catalana prevalezca sobre la española.

Mas sería el presidente de la Generalitat durante este periodo transitorio y Junqueras sería vicepresidente de un gobierno de coalición de CDC y ERC. Los consellers se repartirían en una proporción del 60 por ciento para Convergència y del 40 por ciento para Esquerra.

La misión de este gobierno sería dar un impulso decisivo a «estructuras de Estado» que ya están parcialmente planificadas, tales como la Agencia Tributaria de Cataluña y la Seguridad Social. Los soberanistas priorizan estas dos estructuras porque son básicas para hacerse con la recaudación de impuestos y con el pago de pensiones.

Es de esperar que todo este paquete de medidas legales sea impugnado por el Gobierno, que desde que se puso en marcha el proceso independentista ha sido implacable. Comenzó llevando al Tribunal Constitucional (TC) la declaración de soberanía –aprobada a principio de legislatura– y continuó impugnando los decretos de convocatoria de la consulta soberanista del 9 de noviembre, así como la creación de organismos como el Comisionado para la Transición Nacional.

CDC y ERC son perfectamente conscientes de que el Gobierno también llevará al TC estas medidas de transición secesionista, pero los soberanistas confían en crear «fundamentos de derecho» con sus iniciativas y lograr que la independencia sea irreversible. De hecho, según los estrategas de la ruptura, la secesión exprés en 6-8 meses se debe al interés por reducir las tensiones con el Gobierno. El presidente Mariano Rajoy aseguró ayer que no dudará en defender en todo momento la Constitución y la soberanía nacional.