El Parlament aprueba la ley de la futura Hacienda catalana

El Parlament ha aprobado hoy, con los votos favorables de Junts pel Sí, la CUP y el diputado no adscrito Germà Gordó, la ley del código tributario de Cataluña, una “estructura de Estado” para los soberanistas de cara a una futura “hacienda catalana”.

La ley, que se presentó al inicio de la legislatura como una de las “leyes de la desconexión”, está elaborada no obstante para no exceder las competencias estatutarias y constitucionales de la Generalitat, aunque los soberanistas tengan la voluntad de ampliarla en una hipotética Cataluña independiente.

En este sentido, la diputada de Junts pel Sí Maria Senserrich, que ha excusado la ausencia en el hemiciclo solo al inicio del debate de miembros del Govern por el accidente de tren, ha destacado que hoy se ponen “los fundamentos de una estructura de Estado”.

La normativa busca obtener un sistema tributario proporcional y redistributivo, para lo que otorga más autonomía económica, financiera, patrimonial, contractual y de personal a la Administración Tributaria de Cataluña.

La ley crea el Consejo Fiscal de Cataluña, como máximo órgano consultivo y de asesoramiento en materia de fiscalidad, y un Instituto de Investigación Fiscal y Estudios Tributarios de Cataluña, que tiene como objetivo ser referencia en el debate en este ámbito.

Además de la ya existente Agencia Tributaria de Cataluña, la normativa también crea el Cuerpo Superior de Técnicos Tributarios de la Generalitat y prevé que la actual Junta de Finanzas sea substituida por la Junta de Tributos de Cataluña.

La ley del código tributario ha tenido el apoyo de 71 diputados (Junts pel Sí, CUP y Gordó) y 62 votos en contra (Ciudadanos, PSC, CSQP y PPC).

En declaraciones a los periodistas después de la aprobación, el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, ha destacado que es una “ley importante para el despliegue de la futura hacienda catalana”, que además fija “las bases de la arquitectura institucional de una agencia ambiciosa en la lucha contra fraude” y que será más próxima al contribuyente.

Durante el debate, el diputado de Ciudadanos Antonio Espinosa ha advertido de que la normativa “es un instrumento al servicio de la secesión”, ya que es una de las “chapuceras leyes de desconexión”, con la que se pretende crear además una “hiperestructura costosa”.

Por su parte, el diputado Santi Rodríguez (PPC) ha destacado que “diseña una administración tributaria desmesurada por las competencias que hay y los tributos que se gestionan”, por lo que ha augurado que será “ineficiente”, al tiempo que ha recalcado a los soberanistas que el 2 de octubre seguirá habiendo tributos autonómicos propios, cedidos y del Estado, como ahora.

La diputada del PSC Alícia Romero ha remarcado que Cataluña no necesita un código tributario, sino en todo caso una ley para desarrollar las capacidades que otorga el Estatut.

La parlamentaria de CSQP Àngels Maria Castells ha destacado que este “nuevo impulso para desarrollar la agencia tributaria” se debería centrar en “una mejor redistribución” de la riqueza.

A diferencia de PPC y Ciudadanos, PSC y CSQP sí que estuvieron en los trabajos de la ponencia -junto con JxSí y CUP-, pero acabaron llevando el texto al Consejo de Garantías Estatutarias, que concluyó que cuatro preceptos eran inconstitucionales, tras lo cual se presentaron enmiendas.

Por su parte, la diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha afirmado que con esta ley se avanza “un poco” en el objetivo de los soberanistas de recaudar todos los impuestos generados en Cataluña y disponer del personal para hacerlo, aunque echa en falta “un banco central catalán”, por lo que ha considerado que se queda “corta”.