El Parlamento catalán multiplicará el gasto en diputados tras crear 29 comisiones

Es pronto para saber si la legislatura en curso será más productiva que la anterior. Lo que es seguro es que será más cara, al menos en cuanto al gasto que el Parlament deberá acometer en sus 135 diputados.

Es pronto para saber si la legislatura en curso será más productiva que la anterior. Lo que es seguro es que será más cara, al menos en cuanto al gasto que el Parlament deberá acometer en sus 135 diputados. No es que la cifra de parlamentarios haya aumentado ni tampoco es que se haya subido el sueldo base. Lo que ha incrementado es el número de comisiones parlamentarias, que en esta legislatura arranca con 29 (ocho más de las creadas a principios del anterior mandato). El incremento podría significar un aumento del gasto de aproximadamente un 30 por ciento. El gasto derivado de las comisiones parlamentarias superó en la pasada legislatura los cuatro millones de euros y en este mandato se superarán, con toda probabilidad, los cinco.

Según la tabla de retribuciones del pasado año 2015, cada presidente de comisión legislativa (hubo 10 en la pasada legislatura) percibió un complemento de 46.690,15 euros anuales brutos, los cuales se añaden al salario base de 37.330 euros. Un presidente de comisión específica – de seguimiento, de estudio o de investigación–, por su parte, percibió un complemento ligeramente inferior, 44.818,28 euros.

Las retribuciones específicas

El grueso del gasto derivado de las comisiones, sin embargo, corresponde a los portavoces de las comisiones legislativas y de las comisiones específicas. A cada uno de los 40 portavoces de los distintos grupos parlamentarios que participaron en alguna de las diez comisiones legislativas le correspondió un complemento de 44.818,28 euros.

En esta legislatura se ha aprobado la creación de 15 comisiones legislativas (cinco más que en la IX legislatura) y otras siete específicas, lo que significará un notable incremento de las retribuciones parlamentarias. El gasto total en presidencias de comisiones legislativas en 2015 se elevó hasta los 466.900 euros, mientras que en 2016 será de 700.350. Por otra parte, el gasto total en portavocías de comisiones legislativas fue de 1,8 millones de euros, mientras que en 2016 se acercará a los 2,7 millones.

Para comprender estos incrementos hay que fijarse en la propia composición del Govern de Junts pel Sí, formado por dirigentes de ERC, CDC e independientes. El nuevo ejecutivo ha ampliado el número de consellerias a trece, una más que el pasado mandato. Este aumento tiene su correspondencia en el Parlament, donde las habituales discrepancias no alcanzan a la aprobación de las comisiones de trabajo. La mayoría de ellas han sido propuestas conjuntamente por los seis grupos parlamentarios y todas fueron aprobadas por unanimidad, excepto la de estudio del proceso constituyente (propuesta por JxSí, Catalunya Sí que es Pot y la CUP).

De entre las comisiones de estudio y seguimiento, dos cobrarán un protagonismo significativo por encima del resto: la de proceso constituyente y la de medidas de lucha contra la corrupción para la regeneración democrática. La comisión del proceso constituyente, que finalmente será de estudio –y no legislativa– para poder maniobrar sin la amenaza de una impugnación ante el Tribunal Constituciona fue la única comisión que no concitó unanimidad. Fue aprobada por 80 votos ­–los de Junts pel Sí, la CUP y Catalunya Sí Que es Pot–. Finalmente, las dos fuerzas soberanistas del Parlament accedieron a la propuesta de Catalunya Sí Que es Pot de que fuera una comisión de estudio y se denominará del «proceso constituyente», y no una comisión legislativa sobre «transición nacional y proceso constituyente».

La de corrupción fue propuesta por Ciudadanos con el argumento de que «la corrupción y el fraude son la segunda preocupación de los catalanes» y ante «la gran cantidad de episodios de corrupción aparecidos en los últimos tiempos». La comisión fue aprobada por unanimidad y estudiará la adopción de medidas para evitar las malas prácticas en las empresas (pública y privadas), en la financiación de partidos y las fundaciones vinculadas y en los mecanismos de regeneración democrática. De esta manera, se convierte en una reacción del Parlament a los escándalos de corrupción, que principalmente han recaído sobre Convergència, en gran medida, (con la confesión de Jordi Pujol y los procesos judiciales del 3%) y sobre el PSC (con el caso Mercurio de corrupción urbanística).

El cuadro institucional

A estas comisiones, se deben añadir otras siete que se crean por ley: la del Síndic de Greuges; la de la Sindicatura de Comptes; la de control de la actuación de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales; la del reglamento; la de peticiones; la de materias secretas y reservadas; y, la del Estatuto de los diputados.

En la pasada legislatura, prácticamente todos los parlamentarios tuvieron algún cargo extra en alguna de las comisiones. Solo dos se limitaron a percibir el salario base y la correspondiente dieta por desplazamientos que perciben todos los diputados.