El plan de choque social queda en el aire tras el veto de la CUP a Mas

El «no» definitivo de la CUP a la investidura de Artur Mas ha hecho saltar por los aires las negociaciones y acuerdos que durante meses se han tejido en los despachos del Parlament. La decisión de los antisistema no sólo tiene consecuencias sobre el proceso soberanista, que ya ha terminado por enfriarse, o sobre el bloqueo al Parlament, abocado a unas nuevas elecciones si Junts pel Sí no propone un candidato distinto a Mas antes del sábado. La falta de consenso entre ambas formaciones da también un carpetazo al plan de choque social que los cuperos, en concreto el ex diputado de la formación David Fernández, demandó a la confluencia soberanista ganadora de las elecciones para facilitarles los dos votos necesarios que requieren para alzar a Mas president de nuevo.

Revertir el «tijeretazo»

Lo cierto es que la buena disposición de los convergentes para encajar el paquete de medidas sociales que propuso la CUP y oírles hablar de instaurar la dación en pago, desprivatizar ATLL, o reducir en un 50 por ciento las listas de espera en las intervenciones quirúrjicas, chirriaba. Sobre todo teniendo en cuenta los tijeretazos del Govern en materia social a lo largo de su legislatura: por poner algunos ejemplos, los 11 millones recortados del presupuestos sanitario, los 240 millones en la partida de educación o el endurecimiento para acceder a lo 240 euros de la Renta Mínima de Inserción.

Pero desde muchos sectores de la sociedad se vio con buenos ojos el acercamiento ideológico entre cuperos y convergentes por la esperanza de que un nuevo plan de choque social puediera revertir las agresivas políticas de CDC entre 2011 y 2015. Con el nuevo panorama político, no obstante, corre el riesgo de quedar en agua de borrajas.

Por eso ayer el secretario de UGT en Cataluña, Josep Maria Álvarez, pidió que las medidas sociales pactadas entre ambas formaciones no se queden en el cajón de ningún despacho y que se pongan en marcha aunque se convoquen unas nuevas elecciones. «Si hay voluntad política se puede hacer», urgió el sindicalista al todavía presidente de la Generalitat , porque «la gente no puede esperar».

Aunque el líder catalán de UGT reconoció que esta propuesta social es mejorable. Y no es el único. Con un presupuesto de 270 millones de euros, el plan de choque tendría que operar con los presupuestos de la Generalitat prorrogados y con la oposición de algunas plataformas , que ya lo criticaron por ser «insuficiente» y porque incluye medidas que «ya estaban comprometidas o puestas en marcha». Como la paralización de los desahucios y los cortes del suministro eléctrico a las familias vulnerables, previsto ya en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Vivienda impulsada por la PAH y aprobada por el Parlament el año pasado.

En todo caso, Álvarez pidió que, sobre todo, se de luz verde a la iniciativa propuesta por UGT de crear una prestación que garantice que las personas en paro mayores de 55 años cobren el Salario Mínimo Interprofesional hasta su jubilación. Pero a día de hoy la Generalitat no puede aplicarlo, por lo que se necesita que sea el Congreso quien de su visto bueno. El sindicalista aseveró que la Cámara Baja «donde hay una mayoría de izquierdas» está en condiciones de aprobar, independientemente de que aún no hay acuerdo para formar Gobierno, esta medida. Explicó que cuenta con el apoyo del PSOE, Podemos, Convergència y ERC, por lo que «si los diputados son fieles» a los compromisos adquiridos podría salir adelante.

Más allá de la puesta en marcha de medidas, Álvarez señaló la necesidad de que en Cataluña se acabe con la actual situación de «interinidad» para así formar un Gobierno que «aborde los problemas reales de los ciudadanos».