Inversiones

El PP aprobará tasas municipales a cambio de nuevas políticas sociales

Uno de los nuevos tributos afectará a los cajeros automáticos en la calle

El Ayuntamiento hará pagar por los contra análisis de alcoholemia y drogas
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El PP facilitará en el Ayuntamiento de Barcelona la aprobación de nuevas tasas municipales para «fortalecer las políticas sociales y las inversiones en los barrios». El presidente del grupo municipal, Alberto Fernández, apuntó ayer que «no podemos permitir la irresponsabilidad de no hacer lo posible para llegar a acuerdos de ciudad a favor de los barceloneses frente a la grave crisis». Aunque puntualizó que «no habrá acuerdo presupuestario con el PP, sólo acuerdos puntuales».

El PP, por lo tanto, votará a favor de una tasa que grave los cajeros automáticos de la ciudad y otra sobre la segunda prueba de contra-análisis en los test de drogas y alcoholemia positivos. Fernández explicó que «lo que nos importa es que Barcelona no se paralice, con la que está cayendo no podemos permitir que en la ciudad no se promuevan más políticas sociales para que el Ayuntamiento ofrezca respuesta a las personas que más lo necesiten». El voto favorable del PP a estas dos nuevas tasas municipales permitirá que puedan aprobarse de forma inicial en la próxima comisión de economía del 6 de marzo.

Según Fernández, la tasa «de la misma forma que cualquier particular o actividad económica tiene que pagar por utilizar la vía pública, a partir de ahora los bancos también pagarán por tener cajeros automáticos en la calle». Según sus cálculos, con los 600 cajeros que hay en Barcelona el Ayuntamiento ingresará unos 200.000 euros anuales. «Los ingresos por esta tasa deberán destinarse a gasto social y utilizarlos para asesorar y apoyar a las familias afectadas por desahucios», señaló el popular.

El PP también apoyará la nueva tasa sobre los análisis clínicos para contrastar el nivel de drogas o alcohol en sangre de aquellos conductores que den positivo. Esta segunda prueba la paga actualmente el Ayuntamiento y la propuesta es que aquellos conductores que den positivo en las dos pruebas que realiza la Guardia Urbana por conducir bajo los efectos de alcohol o droga, el coste de esta segunda prueba sea asumida en un 90 por ciento por el conductor.

Según datos del año 2011, en Barcelona se practicaron 10.486 pruebas de alcoholemia de estas características, cada segunda prueba de análisis de sangre tiene un coste aproximado de 250 euros por alcoholemia y 300 en el drogotests. Cuando se apruebe esta nueva tasa, el infractor asumirá el coste de la sanción y la prueba de control, que, lo que supondrá para las arcas del Ayuntamiento unos 2,6 millones de euros anuales.