El PP eleva hasta 134 los casos de adoctrinamiento desde septiembre

Reclama un buzón para denunciar de forma anónima los incidentes y pide inhabilitar a los profesores.

Un grupo de escolares en plena polémica por el goteo de quejas de adoctrinamiento que se suceden en las escuelas catalanas. Efe

Reclama un buzón para denunciar de forma anónima los incidentes y pide inhabilitar a los profesores.

El PP cifró ayer en 134 los casos de adoctrinamiento en las aulas catalanas desde septiembre, coincidiendo con la escalada de tensión por el proceso independentista. Algunos de ellos han sido denunciados por vía judicial, mientras que otros están en manos de la Alta Inspección de la Delegación del Gobierno en Cataluña.

«Los casos que conocemos cada vez son más porque se rompe la espiral del silencio, sobre los alumnos catalanes se señala al discrepante y se acosa a los que piensan diferente de los nacionalistas», explicó ayer la diputada del PP en el Parlament, Andrea Levy, quien anunció una propuesta de resolución con una batería de medidas para hacer frente a la polémica.

En concreto, los populares quieren habilitar un mecanismo para que cualquier persona pueda denunciar de forma anónima a aquellos centros o profesores que usen las aulas para adoctrinar a los alumnos en el «fundamentalismo nacionalista», así como aquellos casos en que «se señale al discrepante», en palabras de la propia Levy.

Es decir, una especie de buzón anónimo por internet, que se canalizaría a través de la Conselleria de Enseñanza e, incluso, en los departamentos de educación de los diferentes municipios.

Es más, desde el PP incluso plantean la posibilidad de que la Generalitat se «persone» en las casos detectados y «solicite la inhabilitación» de los profesores afectados. «Una cosa es que se explique la actualidad o se hable de política, se debe hablar de lo que sucede en la sociedad. Lo que quiero es que no se haga fundamentalismo político», resumió la diputada del PP en el Parlament.

Por último, la misma propuesta de resolución instará a la cámara catalana a «condenar la instrumentalización política en las escuelas catalanas».

El PP aprovechó ayer esta batería de propuestas contra el adoctrinamiento en las aulas para presionar al resto de fuerzas del bloque constitucionalista y aseguró que «quedarán retratados los que no den apoyo» a sus medidas. En concreto, Levy mencionó explícitamente a «la parte nacionalista del PSC».

En este sentido, la formación popular ha unido fuerzas con Ciudadanos para reclamar la comparecencia del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, después de que el lunes tildase de «parcial» la investigación contra los docentes del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca. El «defensor del pueblo» catalán cifró en 87 las incidencias procedentes de 57 escuelas o institutos, y aseguró que muchas de ellas pueden ser «falsas, inconsistentes o extemporáneas». Ribó llegó a hablar incluso de «manipulación» de las pruebas y consideró que son poco «verificables».

El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, criticó ayer que el Síndic de Greuges «dé la espalda a los alumnos humillados» ya que, a su juicio, «sólo ha dado credibilidad a la versión de los profesores» que presuntamente «han coaccionado» a estos menores por el hecho de ser hijos de guardias civiles tras su actuación el 1-O. En este sentido, y ante «su pasividad» y su falta de «equidistancia», Carrizosa definió a Rafael Ribó como «un engranaje más del procés».