El PSC subleva al PSOE al reincidir en el referéndum a la canadiense

Los socialistas catalanes matizan ahora la vía de Quebec y defienden una consulta en toda España. Ferraz, el PSOE andaluz y algunos barones rechazan la polémica iniciativa e instan al PSC a reflexionar

Menos de 24 horas ha tardado el PSOE en responder a sus colegas del PSC que rechazan su propuesta de explorar la «vía canadiense» si los catalanes rechazan la reforma constitucional. La secretaria de Ciencia, Participación y Política en Red del PSOE, María González Veracruz, respondió a los socialistas catalanes ayer por la mañana desde «Los desayunos de TVE» que su partido no comparte su apuesta por una ley de claridad como la canadiense, donde se establecen las condiciones para «verificar el apoyo ciudadano a una eventual secesión», en caso de que fracase la reforma constitucional.

El PSOE no contempla este escenario. Veracruz alegó que será suficiente la reforma de la Constitución para resolver la crisis en Cataluña y que no hay necesidad de buscar alternativas. Pero, ¿qué pasa si los catalanes, en caso de reformarse de la Carta Magna, votan en contra en el posterior referéndum constitucional?

El PSC, que conoce mejor la realidad catalana, sí contempla esta opción, pese a que en el referéndum de 1978, Cataluña fue, junto a Andalucía, la comunidad Autónoma que votó con más entusiasmo a favor de la Constitución vigente. Hasta la fecha, los socialistas catalanes habían defendido la «vía canadiense» a título individual. La alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, Núria Parlón, fue una de las primeras en poner esta cuestión sobre la mesa. Luego vino el actual primer secretario, Miquel Iceta, e incluso, la ex ministra de Defensa Carme Chacón defendió la celebración de un referéndum en el que participarían todos los españoles en caso de que los catalanes rechacen la reforma constitucional. Pero ahora, lo quieren poner por escrito.

Lo han integrado en el documento de trabajo del que saldrá la ponencia política del XIII Congreso del PSC, que está programado del 4 al 6 de noviembre. Y las advertencias de su partido hermano, el PSOE, no le han empujado a dar un paso hacia atrás. El PSC mantendrá intacta su reivindicación de la reforma federal y la propuesta para que en caso de que la ciudadanía rechace en las urnas la reforma en cuestión proponer «al conjunto de los españoles» otros instrumentos similares a la Ley de Claridad canadiense.

Con esta fórmula, que Canadá aprobó en el año 2000 tras celebrar el último de sus referendos, el PSC, precisamente, quiere evitar tretas como el referéndum unilateral de independencia (RUI) que la CUP está promoviendo estos días, o una declaración unilateral independencia, fórmula que no ha quedado descartada por el Gobierno catalán. Los socialistas catalanes defienden que la ley de claridad establecería un marco legal que pone límites tanto a los independentistas como a los partidos no soberanistas.

El PSC quiso dejar claro ayer que no regresan a la pantalla de 2012, que empezó con Pere Navarro defendiendo un programa electoral para las elecciones del 25-N que avalaba el «derecho a decidir». Esto era un referéndum legal y acordado con el Estado. La apuesta acabó con el relevo de Navarro por Iceta y un PSC hecho trizas –el sector más catalanista se dio de baja–. Fuentes de la dirección del PSC explicaron a la Agencia Efe que su prioridad es trabajar con el PSOE por la reforma federal. Insistieron en que la ponencia política no defiende un ningún caso ni el derecho a la autodeterminación ni el derecho a decidir ni ningún planteamiento de tipo unilateral, porque los instrumentos que sopesan serían propuestos «al conjunto de los españoles». Y negaron posibles fricciones con su partido hermano.

Aunque en el PSOE no lo ven así. No sólo Ferraz rechazó la propuesta de convocar una consulta en caso de que los catalanes rechacen la reforma constitucional. Algunos barones socialistas pusieron el grito en el cielo. Cómo no, el PSOE de Andalucía avisó de que «no compartimos la propuesta del PSC». Alegó que se aferra a la posición de la dirección nacional. Más crítico se mostró el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, que no sólo advirtió de que no comparte «en absoluto» la propuesta del PSC, sino que le invitó a «reflexionar». «La cuestión territorial está muy clara en la Declaración de Granada –avalada por el PSC–», zanjó.

El PSC defiende que el encaje de Cataluña en España «es un problema estructural y que es necesario resolver» y como alternativa encontraron proponen el modelo federalista como la «única forma capaz de articular un sistema institucional equilibrado, en el que Cataluña forme parte de España sin renunciar a su identidad ni a sus proyectos colectivos». Fue en en 2012, antes de las elecciones que se celebraron el 25-N, cuando el PSC defendió un referéndum legal y reclamó el derecho a decidir a través de una consulta acordada en el marco de dicha legalidad. Una propuesta impensable para el socialismo antes de la masiva manifestación de la Diada el 9-N. En febrero de 2013 el Congreso de los Diputados presenció la división entre PSC y PSOE en una votación y hubo tensión en el Grupo socialista. Todos los diputados del PSC, salvo la ex ministra Carme Chacón –que optó por no votar–, rompieron la disciplina de voto a favor de la moción de CiU que reclamaba el respeto al derecho a decidir y pedían diálogo para autorizar la convocatoria de un referéndum.