El TC anula dos leyes catalanas más

En su visita a la Moncloa, Carles Puigdemont resumió en cuatro los puntos que dividen a los gobiernos de Cataluña y España. El último era la judicialización de la política. Fue uno de los pocos, por no decir el único, en el que Mariano se avino a buscar una solución. Se emplazó, en un futuro, a reducir los recursos, aunque avisó de que lo haría sobre la base de respetar la ley. Aunque dos días después, tras el Consejo de Ministros, el Gobierno anunció que recurría ante el Tribunal Constitucional tres leyes catalanas de carácter social por invasión de competencias. Tras este golpe, la Generalitat recibió ayer otro revés, esta vez del Constitucional. El Alto Tribunal anuló la ley catalana que prohibe el uso del «fracking», método para explorar y explotar yacimientos de hidrocarburos. De nuevo, se alega que invade competencias.

La sentencia resuelve un recurso del Gobierno. Concluye que la autorización del «fracking» con sujeción a requisitos técnicos y a la previa declaración de su impacto medioambiental son requisitos que establece el Estado, tanto por sus competencias en planificación económica como de régimen minero y energético, así como de protección del medio ambiente.

La normativa catalana planteaba la prohibición de esta técnica «con carácter absoluto en el territorio catalán, siempre que su utilización concierna cualquier ámbito competencial de la Generalitat. Mientras que la legislación estatal dice que debe usarse siempre que el proyecto cumpla determinados requisitos técnicos y medioambientales.

Si la Generalitat no quería caldo, dos tazas. Del mismo paquete de la ley de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público de Cataluña, el TC también declaró anticonstitucional el artículo de la ley catalán que prohíben la construcción de grandes superficies comerciales, de 800 metros cuadrados o más, fuera de la trama urbana consolidada de la ciudad. El Alto Tribunal señala que el gobierno catalán no justificó de manera suficiente los motivos de interés general que llevan a imponer esta limitación.

Con esta decisión vuelve a abrirse la posibilidad de otorgar licencias.

El fuego cruzado entre ambos gobierno en los tribunales no cesa. El mismo Rajoy recordó al salir de la reunión con Puigdemont que e la Generalitat ha presentado ante el Tribunal Constitucional 49 recursos y el Gobierno, 29.