El desafío independentista

El TSJC podría frenar la huelga del 8-N

Foment del Treball llevará a los tribunales el parón convocado por la Intersindical-CSC al entender que se trata de un «flagrante fraude de ley», ya que no está determinado por motivos laborales sino por razones estrictamente políticas

Imagen de uno de los mercados de Barcelona durante la huelga general del pasado 3 de octubre/ Efe
Imagen de uno de los mercados de Barcelona durante la huelga general del pasado 3 de octubre/ Efelarazon

Los gritos de «huelga general» se sucedieron durante la noche del jueves en las concentraciones que se convocaron tras el encarcelamiento de Oriol Junqueras y de ocho ex consellers de la Generalitat.

Los gritos de «huelga general» se sucedieron durante la noche del jueves en las concentraciones que se convocaron tras el encarcelamiento de Oriol Junqueras y de ocho ex consellers de la Generalitat. La Intersindical-CSC, afín al independentismo, no tardó en alinearse con estas exigencias y en llamar a una huelga de cara al próximo miércoles, 8 de noviembre.

Perpleja por la secuencia de los hechos, la patronal Foment del Treball anunció ayer que este lunes presentará una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para pedir que se declare ilegal la huelga general, ya que no está motivada por razones laborales sino políticas (un extremo que no está contemplado en las normas).

Foment considera que la huelga está inspirada en argumentos extralaborales, a pesar de que la Intersindical-CSC –un sindicato minoritario– ha redactado la convocatoria intentando ocultar los motivos políticos que sí incluyeron en las dos convocatorias anteriores. «Los motivos laborales que justifican la convocatoria son absolutamente genéricos y descontextualizados, pero muy evidentes si se valoran los antecedentes y el contexto político y social», argumenta Foment. Por ello, la patronal cree que la huelga es «un flagrante fraude de ley» y entiende que este sindicato solo busca evitar que la huelga sea declarada ilegal.

Tan inconfundiblemente político es el parón que la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural se adhirieron ayer al «

parón de país» que la Intersindical-CSC convoca, formalmente, como protesta por la «regresión de derechos sociales» y la precariedad laboral que se vive en Cataluña. «Desde la Asamblea y Òmnium nos sumamos al paro general del país para reclamar libertad de los presos, contra la represión y el restablecimiento de los derechos y la democracia de nuestro país», dijo el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, despejando así todo tipo de dudas sobre el carácter político de la huelga. Por contra, los principales sindicatos catalanes, CCOO y UGT de Cataluña, no contemplan sumarse a este parón.

Foment del Treball añadió la convocatoria de huelga tiene también defectos formales, ya que no se ha comunicado ni a su organización empresarial ni tampoco a la patronal Fepime con los 10 días mínimos de antelación requeridos por parte del sindicato convocante.

La Intersindical-CSC, que ya organizó un paro general junto a otras tres centrales minoritarias el pasado 3 de octubre, tenía solicitados permisos de preavisos para poder convocar huelga del 6 al 9 de noviembre, y finalmente eligió el miércoles 8, aunque no descarta la posibilidad de mantener también la huelga de cara al jueves, día 9.