Ataque independentista a la Justicia

Los jueces del TSJC denuncian que los políticos promuevan las manifestaciones ante su sede en apoyo de los imputados del 9-N. Las ex consejeras Rigau y Ortega fueron escoltadas por el Govern y declararon que era «su obligación sacar las urnas a la calle»

La Audiencia de Barcelona acogió ayer la primera de las dos sesiones importantes de imputados por la pseudoconsulta independentista del 9-N. Concretamente, declararon la consellera en funciones de Enseñanza, Irene Rigau, y la ex vicepresidente y consellera de Gobernación, Joana Ortega, que pertenece a Unió, no a Convergència. Ambas contaron con el apoyo de casi todo el Govern, de líderes de otros partidos y de centenares de personas, pese a la persistente lluvia.

Las dos consejeras tenían que declarar ante el juez Joan Manel Abril, pero el acto se convirtió en otra concentración de independentistas, en esta ocasión ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La lluvia no pudo evitar los gritos a favor de la independencia y algunos centenares de personas aguantaron varias horas ante la Audiencia de Barcelona, donde tuvieron lugar las declaraciones.

Se trata de un hecho con pocos precedentes, teniendo en cuenta que hasta ahora lo normal era que se concentraran frente al TSJC familiares de algún acusado, o pocas personas por cualquier otra causa. Y el tribunal catalán reaccionó.

«Ataque directo»

El TSJC opinó que las manifestaciones de apoyo a los imputados por el 9-N son un «ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial» y un cuestionamiento que es «aún más inadmisible» cuando es diseñado por representantes públicos.

En un comunicado, la sala de gobierno del TSJC alertó de que «cuestionar de manera interesada que la actuación de los tribunales de justicia sólo se debe a intereses políticos, promover la desconfianza social y pretender estrategias de presión constituye una negación de las bases de nuestra convivencia política».

El TSJC manifiesta que «no puede permanecer impasible cuando constata que se convocan manifestaciones y concentraciones a las puertas del Palacio de Justicia con el objetivo de cuestionar la legitimidad de jueces y, además, pretender influir en su toma de decisiones». «Ello supone un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial, poniendo en entredicho uno de los fundamentos esenciales del Estado constitucional», sostiene la nota.

Mientras, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, leyó en la plaza Sant Jaume el manifiesto contra las «antidemocráticas» querellas. La plaza donde se encuentran el Palau de la Generalitat y la sede del Ayuntamiento se llenó en respuesta al llamamiento de la plataforma soberanista «Ara és l’hora». Ante representantes del Govern, miembros de CDC, ERC, Unió, ICV, EUiA y la CUP, Colau leyó el manifiesto firmado por el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, donde se acusa al Gobierno de provocar una «anomalía democrática» al «judicializar» el 9-N.

Por su parte, el Gobierno consideró «inadmisible» que miembros del Ejecutivo de la Generalitat encabezaran manifestaciones ante la sede del TSJC, en apoyo a los imputados. Para el Ejecutivo, en una democracia hay un Poder Legislativo, otro Ejecutivo y otro Judicial y es este último el que determina si las conductas de las personas se adecúan o no a la Ley. En ese sentido, interpretaron que «vulnerar la ley es liquidar la convivencia» y subrayaron que si no se cumpliesen las leyes, la situación «se asemejaría a las películas del Oeste». El Gobierno subrayó que se pretendió presentar la decisión del TSJC de citar a los representantes de la Generalitat, y en concreto la fecha de la citación a Mas, «como una jugada del Ejecutivo».