ERC asume que está sola con CiU y buscará apoyos en PSC e ICV

No se puede decir que la legislatura en Cataluña haya comenzado con muy bien para CiU y ERC. Los socios no sólo se comprometieron a impulsar una consulta de autodeterminación, sino también a hacerlo a través de grandes consensos políticos y sociales. De los primeros no hay rastro alguno. Al contrario. A las primeras de cambio, CiU y ERC han logrado descolgar a sus únicos potenciales aliados –PSC e ICV–, que son partidarios del derecho a decidir pero no de asociarlo al independentismo por la vía de los hechos consumados, tal y como se sugiere en el borrador de la Declaración de Soberanía del pueblo catalán que han pactado esta semana convergentes y republicanos.

La propia Unió Democràtica considera un error impulsar un proyecto de la envergadura de la autodeterminación con el único apoyo de ERC y, por eso, Josep Antoni Duran Lleida ha lanzado un llamamiento para abrir el acuerdo a otras formaciones. También ERC parece haber asumido que el consenso con CiU es insuficiente y ayer su portavoz en el Congreso de los Diputados, Alfred Bosch, se mostró dispuesto a «dialogar y negociar» con el resto de partidos para sumar más apoyos.

El problema es que Esquerra va a tener que renunciar a puntos claves del texto de la Declaración como aquel en el que reclama «hacer efectiva la voluntad de constituir Cataluña en un nuevo Estado dentro del marco europeo» si es que quiere lograr el respaldo de socialistas y ecosocialistas. PSC e ICV no ven con malos ojos el llamado derecho a decidir, pero exigen no identificarlo con el independentismo porque su propuesta es que los catalanes voten en las urnas a favor de un modelo netamente federal.

El texto acordado por CiU y ERC también pretende proclamar a Cataluña como «sujeto político y jurídico soberano», algo que desborda por completo las previsiones constitucionales, ya que la Carta Magna únicamente reconoce la soberanía del conjunto del pueblo español.

Por tanto, la llamada de ERC para lograr un gran consenso «al menos con todos los que defienden el derecho a decidir» puede quedar en un mero simple brindis al sol, ya que, en realidad, los republicanos aseguran que no van a renunciar a la esencia de la Declaración de Soberanía acordada con CiU.

En cualquier caso, hay tiempo hasta el día 23 –día del primer pleno ordinario de la legislatura– para que los partidos catalanes crucen papeles y abran conversaciones. CiU y ERC han acordado esta fecha para aprobar en el Parlament la citada Declaración, primera piedra de la arquitectura jurídica que quiere construir el frente nacionalista para fundamentar la autodeterminación de Cataluña.

Lo cierto es que el valor de esta Declaración es estrictamente político y no jurídico. Ningún experto en leyes podría avalar que este documento faculte a la Generalitat para convocar un referéndum secesionista ni, por supuesto, para ignorar la Constitución en vigor. Sin embargo, CiU y ERC lo ven como una plasmación parlamentaria de lo que ocurrió en las urnas el pasado 25 de noviembre, cuando sus formaciones lograron sumar una exigua mayoría (71 de los 135 diputados del Parlament).

El camino hacia ninguna parte

Aprobada la Declaración en el Parlament, el siguiente paso que se proponen los socios es reanudar la redacción de la Ley de Consultas, la cual tampoco puede facultar a la Generalitat para convocar un referéndum de autodeterminación porque se trata de una materia que rebasa su ámbito autonómico de competencias. Sería necesario, por tanto, que el Gobierno accediera a transferir a la Generalitat la titularidad de esta competencia, pero el Ejecutivo ya ha dejado claro que sus intenciones son exactamente las contrarias: cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Así las cosas, el trayecto emprendido por los nacionalistas parece un camino hacia ninguna parte o, en todo caso, hacia el aumento de la crispación entre el Gobierno y la Generalitat.