Frente común contra Colau por las terrazas

PP, CiU y C’s exigen al gobierno un pleno extraordinario tras la polémica de la Boqueria.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, disfruta de una relativa tranquilidad entre los vecinos de la ciudad, salvo episodios como el Banco Expropiado, que no tienen su reflejo en el pleno municipal. En ese contexto, a la alcaldesa se le acumulan las polémicas. Este verano saltó a la palestra las dificultades de los restauradores de la Boquería para colocar sus terrazas. De la noche a la mañana, la Guardia Urbana les obligó a recogerlas bajo el pretexto de un informe de los Bomberos. En agosto saltó la polémica y ayer cristalizó en forma de pleno extraordinario promovido por CiU, Ciutadans y PP, que el gobierno municipal ha aceptado.

Las tres formaciones quieren debatir y modificar algunos puntos de la ordenanza de terrazas, aprobada el pasado mandato con el apoyo de CiU y PP. A su juicio, el texto se hizo para poner orden en el sector, pero que, en su lugar, Colau está actuando sin criterio, por lo que la situación ha derivado en «un desbarajuste».

No es la primera vez que los grupos políticos barceloneses ponen esta demanda sobre la mesa. En julio del año pasado ya forzaron un pleno extraordinario para tratar, entre otros circunstancias, la necesidad de revisar la ordenanza de terrazas. Más de un año después, CiU, C ‘s y PP denuncian que no se ha hecho este trabajo y reclaman que se garantice el equilibrio entre un espacio público de calidad y la actividad económica y la creación de puestos de trabajo.

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Jaume Collboni se mostró muy sorprendido por la petición de un pleno extraordinario ya que, precisamente, considera a PP y CiU como responsables de la «chapuza». En su opinión, los problemas que hoy se plantean «tiene mucho que ver con la ordenanza de terrazas que aprobaron CiU y PP», por lo que, si el pleno tiene lugar, «será una oportunidad magnífica para que rectifiquen y ayuden a deshacer la chapuza» que hicieron. Collboni recordó que «la oposición sabe que hay un proceso abierto de dialogo y consenso con el gremio de restauración, que se inició antes del verano cuando se anunció una medida de gobierno que contempla un impulso histórico en favor de la restauración e incluye solucionar el tema de las terrazas».

Quejas

La propuesta de acuerdo entre CiU, C’s y PP, en cualquier caso, reclama al gobierno municipal de la alcaldesa Ada Colau la modificación de la ordenanza de terrazas, dentro del marco de la comisión, incluyendo procedimientos para conseguir «el consenso efectivo entre vecinos y restauradores afectados por las ordenaciones singulares».

El presidente del PP en el Consistorio, Alberto Fernández, aseguró que se ha generado un conflicto «vinculado a la inacción municipal, que ha empeorado los últimos meses» por toda la ciudad y recordó que con el pleno extraordinario el equipo municipal tiene «la oportunidad de pasar de la filosofía a la realidad» y de «dejar de convertir las oportunidades en problemas». El dirigente popular lamentó que las decisiones que se toman al respecto provengan de una comisión técnica donde no participan todos los grupos municipales.

Xavier Trias (CiU) aseguró que «la situación de las terrazas se ha convertido en un desorden total, no hay ningún criterio claro en la aplicación de la ordenanza y, en casos como el de la Boqueria, se actúa con una contundencia extrema». «Este no es un conflicto nuevo», recordó la presidenta del grupo municipal de Ciudadanos, Carina Mejías. «El año pasado ya fue conflictivo y se han llevado iniciativas a la Comisión de Urbanismo para intentar solucionarlo pero lo que hemos visto por parte del gobierno municipal es inacción, no querer dar solución a un problema evidente».

La propuesta también plantea eliminar de la normativa las restricciones no previstas en la ordenanza para que puedan generar situaciones arbitrarias, además de modificar la composición de la comisión técnica de terrazas para que haya presencia de técnicos de los grupos de la oposición.

Las tres formaciones añadieron que les gustaría tener el apoyo del gobierno, y especialmente el del PSC y ERC, que en el pasado también apoyaron esta revisión de la ordenanza. «Creemos que hay consenso mayoritario para que en otros momentos ERC y PSC se han sumado», dijo Mejías.