Hacienda denuncia a 23 empresas chinas por defraudar 64 millones

Hay 43 implicados en la mayor operación contra el fraude fiscal en Cataluña

La delegación de la Agencia Tributaria en Cataluña ha destapado a 23 empresas por defraudar 64 millones en IVA y en el impuesto de Sociedades durante cuatro años. En la macrooperación, realizada a lo largo de más de un año en colaboración con vigilancia e inspección aduanera, inspección tributaria y los órganos de recaudación, hay 43 personas implicadas, la mayoría de origen chino, y, entre ellas, un asesor privado de aduanas. Todas han sido llevadas ante la Justicia. En total se han interpuesto 18 denuncias de las que algunas ya han sido admitidas a trámite con la imputación de los implicados.

El fraude, urdido principalmente por dicho asesor, según explicó el delegado de la Agencia Tributaria en Cataluña, Gonzalo David García de Castro, consistía en falsear facturas y documentación de los productos importados desde China con el objetivo de pagar menos aranceles europeos y luego realizar las ventas por el «circuito B».

Mismo modus operandi

Así, los empresarios ocultaban el valor y el volumen real de la mercancía y cobraban el 70 por ciento de las ventas en dinero negro. Aunque, según Hacienda, no consta que existiera una conexión entre las compañías, todas utilizaban el mismo modus operandi. Por poner un ejemplo: una de las empresas investigadas con cinco trabajadores que realizaban jornadas de entre 10 y 12 horas, llegaron a declarar solo dos facturas diarias, lo que a ojos de García de Castro es inverosímil.

De hecho, todas, mayoristas, se proveían de todo tipo de productos de origen chino, como artículos textiles o para regalo, que vendían después a minoristas. Casi todas tenían sede en naves industriales de Badalona y Sant Adrià del Besós, aunque la operación, que sigue abierta, también se ha extendido hasta la provincia de Girona.

Más allá de la espectacularidad de las cifras defraudadas y el número de implicados, esta investigación cuenta con dos singularidades. Por un lado, la Justicia permitió a los inspectores de Hacienda registrar domicilios y sedes sin necesidad de apercibir a los empresarios, lo que supuso descubrirlos in fraganti y evitar la eliminación de información clave para probar la comisión de los delitos fiscales.

Por otro lado, en virtud de la Ley Antifraude, Hacienda ha podido embargar 84 inmuebles, 240 cuentas y 17 coches. Una iniciativa, que ahora deberá corroborar la Justicia, pero que permite en primera instancia que los implicados no desvíen más dinero y que, en caso de ser declarados culpables, respondan con el dinero o los bienes embargados.