La ex mujer de Jordi Pujol Jr. dice que su marido le engañó al no cerrar en 2003 su cuenta en Andorra

La familia Pujol acusa a la Audiencia de someterla a un «pressing en todo el campo» sin pruebas

Mercé Gironés, ex mujer de Jordi Pujol Ferrusola, «Junior», afirma que en 2002 y 2003 su entonces marido le «engañó» al no cerrar, como le pidió, una cuenta en el Andbank de Andorra en la que figuraba como autorizada. Así consta en el escrito que su abogado, Alberto Carrillo, recurre la decisión del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata –que investiga a Gironés por delito fiscal y blanqueo– de registrar su domicilio, bloquear sus cuentas y prohibirle disponer de sus bienes inmuebles. El letrado recuerda que Gironés entregó a su entonces marido (se separaron en julio de 2011) «un papel en blanco con su firma numérica» –que servía «de autorización para disponer de efectivo»– con la intención de que cerrar esa cuenta y «desaparecer de los registros bancarios de dicho país». Tomó la decisión, explica su abogado, al tener conocimiento de que el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, por entonces su suegro, «era el titular de una cuenta en la misma entidad bancaria andorrana». Pero a finales de 2012 «tuvo que conocer una vez más que su ex marido le engañó al no ejecutar su decisión». La cuenta seguía abierta, «y con el mismo saldo que la dejó desde su creación en julio de 1997» y unos rendimientos «puramente bancarios, sin nuevos ingresos ni disposiciones de efectivo».

Gironés sostiene que, tras la investigación abierta por la Audiencia Nacional –y las posteriores «filtraciones» e «inflación informativa » que generó el caso, se queja– tuvo que renunciar a actividad empresarial y liquidó sus participaciones en las sociedades de «Junior». Eso le supuso pagar a Hacienda «más de dos millones de euros» en el IRPF de 2013.

El abogado defiende que tanto Gironés como su ex marido y las empresas que compartían han sido unos «diligentes contribuyentes » y califica de «incendiaria» la afirmación de que el primogénito de la familia movió 32 millones de euros en divisas en 13 países entre 2004 y 2012. Esos 118 movimientos de divisas, recalca, fueron «declarados y tributados ante las autoridades».

En otros cuatro recursos, el abogado de la familia Pujol, Cristóbal Martell, critica las «desproporcionadas» e «innecesarias» órdenes judiciales de entrada y registro en domicilios y empresas de sus defendidos (entre ellos los de Pere y Josep), arremete con dureza contra la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía y reprocha a a la Audiencia Nacional que someta a los Pujol a un «pressing por todo el campo» cercano a una «inquisitio generalis». Por eso, pide su nulidad y que lo intervenido se considere «prueba prohibida».

Martell califica de «pura invención policial» pergeñada «a brochazos » que Joan Anton Sánchez Carreté (durante años asesor fiscal de la familia Pujol) fuese el testaferro de «Junior» en Suiza.

Del mismo modo, se queja de la falta de pruebas contra sus defendidos y critica que la UDEF se haya atribuido «un papel rector» en la instrucción de la causa cuando esa función corresponde «en exclusiva» al juez.

El abogado recuerda que cuando se produce el reparto de fondos entre los hermanos –consecuencia, insiste, de la «gestión del legado »– Jordi Pujol padre ya «no ejerce ninguna responsabilidad» en la Generalitat.