JxSí se revuelve: «Nadie prohibirá la proyección internacional de Cataluña»

Pese a que el gobierno en funciones del PP toca a su fin, su firmeza ante el desafío independentista no va a remitir. Así, ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que el Ejecutivo recurrirá la Consejería de Exteriores del Govern y la Comisión de Estudio del Parlament de Proceso Constituyente. La número dos del Gobierno defendió que la consejería de Romera viene a desarrollar «una ley de acción exterior de la Generalitat que fue recurrida anteriormente, está recurrida, pero aún no ha sido sentenciado». De esta manera, Santamaría pone el foco sobre la ley que el Parlament aprobó el 27 de noviembre de 2014, y que recurrió el Gobierno Central. Así lo que se va a estudiar es si se trata del desarrollo de una Ley pendiente de recurso, y cuál es la fórmula para poner de manifiesto que se ha desarrollado. Si no fuera así, «sería un conflicto de competencias».

Sobre la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, el motivo que ha llevado al Ejecutivo a recurrirla es que pretende «abordar el carácter y principios marco de un proceso constituyente en Cataluña». «Cuando se advirtió que una comisión legislativa era clarísimamente una infracción de la sentencia del Tribunal Constitucional, se transformó en comisión de estudios», consideró Santamaría.

La decisión generó automáticas reacciones en el flanco soberanista. La moderación fue acaparada por el Govern y Junts pel Sí. La portavoz de la Generalitat, Neus Munté, defendió «la plena legalidad y constitucionalidad» de la Consejería de Exteriores, que encabezará Raül Romera, y de la Comisión de Estudios. «Tenemos la tranquilidad de que las cosas están bien hechas. Nos ampara la ley», se limitó a justificar.

El portavoz de Junts pel Sí en el Parlament, Jordi Turull, trató de justificar la incorporación al Govern de una Consejería de Exteriores como una vía para conseguir la proyección internacional de Cataluña: «Nadie podrá prohibir la proyección internacional de Cataluña. Ya se pueden poner como quieran, porque tenemos competencias en el Estatut y vocación política de abrirnos al mundo». En respuesta a esta postura, el líder del PP en el Parlament, Xavier García Albiol, aseguró que «nadie se va a tomar en serio que un gobierno de una comunidad autónoma se presente por las cancillerías internacionales como si fuera el representante de un Estado». «Es una ayuda, una forma de colaboración con el gobierno catalán para evitar que hagan el ridículo a nivel internacional», ironizó.

Si bien, la CUP fue más allá. En base a su espíritu sedicioso, se remitió a la resolución independentista que aprobaron el pasado 9 de noviembre junto a Junts pel Sí para reafirmarse en no reconocer la legitimidad del Tribunal Constitucional. El diputado cupero Benet Salellas consideró que el TC «ya no es un tribunal, sino una mera prolongación del Consejo de Ministros». Salellas aseguró que el Alto Tribunal es «un órgano sin independencia y sin jueces, con simples escribas escogidos por el PP y el PSOE», por lo que rechazó su legitimidad para dictar ningún tipo de sentencia.

La resolución independentista indicaba que «el Parlament, como depositario de la soberanía y como expresión del poder constituyente, se reitera en que la cámara y el proceso de desconexión democrática del Estado no se supeditarán a las instituciones del Estado». De esta manera, la CUP lanzó un órdago al nuevo Govern, del cual espera que cumpla con la medida que aprobaron en el Parlament y no acate las sentencias del Tribunal Constitucional. La formación anticapitalista ya mostró su malestar y exigió una rectificación al nuevo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sobre el plazo para alcanzar la secesión. Puigdemont contempló la posibilidad de que en 18 meses no diera tiempo a conseguir el objetivo, y eso molestó a la CUP. Como ya también le incomodó que en el primer pleno ordinario con el nuevo presidente al frente del Govern, Junts pel Sí estuviera a punto de no aprobar una resolución para devolver a los funcionarios públicos la paga extra de 2012 a partir de este año.

El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, consideró que «es lógico que el Gobierno lo recurra y los tribunales tendrán que decidir de acuerdo con las leyes», opinó Villegas, y recordó que la Generalitat no tiene competencias en política exterior. Sobre la comisión, el político no nacionalista sostuvo: «Abrir una comisión para ver cómo hay que saltarse las leyes y romper el país no creemos que sea lo adecuado».