La construcción de vivienda se desploma en Barcelona tras la tasa del 30% de VPO de Colau

Se reduce en un 67,9 por ciento durante el primer semestre del año, justo después de la entrada en vigor de la medida

La construcción de viviendas en Barcelona se ha desplomado tras la medida impulsada por Ada Colau de destinar el 30 por ciento de las nuevas promociones a pisos asequibles. El objetivo de la medida, que entró en vigor el 14 de diciembre de 2018, era engrosar el parque público de viviendas -330 nuevas unidades por año- a costa de la iniciativa privada, pero, por el momento, no parece que vaya a cosechar los resultados esperados: durante el primer semestre de 2019, el número de viviendas iniciadas en Barcelona ha caído un 67,9 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado.

Durante los seis primeros meses se ha empezado la construcción de 429 viviendas -271 en el primer trimestre y 159 en el segundo-, mientras que el primer semestre de 2018 acabó en 1.338. En total, el año pasado concluyó con 2.203 viviendas iniciadas, una cifra que este año está muy lejos de alcanzarse.

Los datos, por tanto, reflejan el efecto disuasorio que ha tenido, hasta el momento, la medida para la construcción de viviendas en Barcelona, aunque todavía no se ha podido cuantificar cuánta obra nueva irá destinada a pisos asequibles, ya que son cifras que solo dispone el Ayuntamiento, que no ha querido compartirlas aún. De hecho, Marc Torrent, presidente de la Asociación de Promotores de Cataluña, exige a Colau mayor transparencia y recuerda que la aprobación de la medida incluía el impulso de una comisión de seguimiento para valorar los resultados, pero aún no ha visto la luz.

En este sentido, de los datos hasta ahora ofrecidos no se pueden hacer tampoco estimaciones ya que, según Torrent, de las viviendas iniciadas durante este año, algunas pueden haberse beneficiado de resquicios legales para evitar someterse a la nueva normativa: los promotores que hayan pedido un certificado de aprovechamiento urbanístico previo a la entrada en vigor están eximidos durante seis meses de los efectos de la medida –es decir, un promotor que hubiera pedido ese certificado a principios de diciembre, dispondría de medio año para tramitar su proyecto (obtener la licencia de obras) bajo la legalidad anterior-.

Pero más allá de esa salvedad, de corto recorrido temporal, lo cierto es que las perspectivas de la construcción de viviendas, según Torrent, son malas. «Prevemos que en los próximos meses la reducción en la construcción de viviendas será más alta», afirma Torrent, lo que, además, tal y como advierte, impedirá que se cumplan las proyecciones del Ayuntamiento de Barcelona cuando aprobó la medida –obtuvo la luz verde en el Pleno del consistorio el 28 de septiembre de 2018 con el apoyo de ERC, PdeCat y PSC, aunque después tuvo que obtener el plácet de la subcomisión de Urbanismo de la Generalitat-, que esperaba aumentar el parque público de viviendas.

Como alternativa, Torrent, que subraya que los promotores también comparten la necesidad de construir vivienda asequible, plantea movilizar suelo en Barcelona para levantar en torno a 20.000 viviendas sociales -hasta 73.000 en toda el área metropolitana-. Según los últimos datos publicados por el Ayuntamiento, en Barcelona había 774.190 viviendas en 2018, aunque solo un 1,6 por ciento del parque pertenece a las administraciones públicas.