La Diputación de Barcelona se pone al servicio del soberanismo

BARCELONA– El Consejo para la Transición Nacional es uno de los organismos que ha puesto en marcha Artur Mas de cara a preparar a Cataluña en el camino hacia el estado propio. Cuando se reunieron sus integrantes con Artur Mas y Joana Ortega en el Palau de la Generalitat hace apenas un mes, el grupo, en el que participan desde catedráticos y profesores universitarios a tertulianos defensores de las tesis independentistas, recibió un primer encargo: un informe preliminar sobre la consulta soberanista. Tienen que presentarlo antes del verano.

La hoja de ruta independentista precisa de múltiples respuesta, desde cuál tiene que ser la pregunta del referéndum a qué moneda se utilizaría en una Cataluña independiente. En privado, muchos miembros de Convergència reconocen que la precipitación del proceso tras la manifestación del 11 de septiembre les ha llevado a no tener un modelo y verse obligados a dejar infinidad de preguntas sin respuesta cuando se les pregunta por el modelo que defienden en una Cataluña independiente. Para dotarlas de contenido está el Consejo para laTransición Nacional, que también tiene que buscar complicidades en lo que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, define como el viaje a Ítaca, en el que hay que implicar a las distintas administraciones y a los diversos actores de la sociedad civil.

Camino difícil

El presidente de este organismo, el ex magistrado del Tribunal Constitucional, Carles Viver Pi-Sunyer, ha comenzado a buscar complicidades. Ayer se reunió con el presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve, según informó la institución.

En el encuentro, Esteve expresó la «voluntad del gobierno de la corporación a ponerse al servicio» del Consejo para la Transición Nacional y «colaborar» en su funcionamiento. El actual equipo de gobierno de la Diputación de Barcelona es partidario de «sumar esfuerzos» en el proceso de convocar una consulta soberanista entre las distintas administraciones, aunque es consciente de que está ante un camino que «no exento de dificultades».

El apoyo de las diputaciones al proceso soberanista no es una quimera teniendo en cuenta que están presididas por CiU. En el caso de Barcelona, se da la circunstancia además que los convergentes rompieron su pacto de gobierno con el PP el pasado mes de febrero, lo que les allana el camino para apoyar abiertamente el proceso soberanista. Entonces, Salvador Esteve no escondió que había recibido instrucciones de la dirección del partido para finiquitar un pacto que hasta entonces había dado buenos frutos. La ruptura no pasó desapercibida a nadie y puso en el punto de mira otros acuerdos de gobernabilidad firmados entre CiU y PP en distintos municipios catalanes que hoy por hoy se mantienen debido al carácter de la política municipal.

El Consejo para la Transición Nacional está integrado por 14 miembros que, en su mayoría, simpatizan con el soberanismo. Su presidente fue magistrado del Tribunal Constitucional entre los años 1992 y 2001 y ahora es el director del Instituto de Estudios Autonómicos, que ha planteado cinco vías jurídicas para celebrar la consulta que la Generalitat planea llevar a cabo el próximo año.

El embrión de la hacienda catalana

Las cuatro diputaciones, presididas todas por CiU, firmaron un convenio el pasado mes de septiembre para colaborar en la gestión tributaria y la lucha contra el fraude fiscal. Un acuerdo que se sustentaba en la resolución que el Parlament de Cataluña aprobó en verano en defensa del pacto fiscal. Y, aunque tras la manifestación del 11 de septiembre y después del fracaso de la reunión entre Artur Mas y Mariano Rajoy, el presidente de la Generalitat cambió su proyecto de pacto fiscal por la convocatoria de una consulta soberanista, el convenio que firmaron las diputaciones no fue en vano. Aquel pacto se convirtió en el embrión de la hacienda propia catalana, estructura de estado crucial en el proyecto soberanista de Mas. El acuerdo supuso la puesta en marcha de una ventanilla única para los impuestos catalanes ya que, desde entonces, las 150 oficinas que suman las diputaciones y la Generalitat gestionan los tributos propios de Cataluña y los de los 835 ayuntamientos que han delegado la competencia en los entes provinciales para probar cómo se las apañan.