La Fiscalía pide que Torra sea inhabilitado 20 meses por no retirar los lazos amarillos

Pide abrir un juicio oral al president ante la Sala Civil y Penal del TSJC

La Fiscalía pide al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que condene a Quim Torra a 20 meses de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia al negarse “abiertamente” a retirar el pasado marzo los lazos amarillos de la sede de la Generalitat y de diversos edificios públicos, evidenciando “su desprecio a acatar la orden” de la Junta Electoral Central (JEC). En su escrito de calificación provisional, el Ministerio Público pide que durante ese año y ocho meses el actual presidente de la Generalitat no pueda ejercer “cargos públicos electivos ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo” así como tampoco “funciones de gobierno” en las referidas administraciones. La inhabilitación, recuerda el fiscal, conlleva “la privación definitiva” de estos cargos “y de los honores que le sean anejos”, así como la “imposibilidad de obtener los mismos” durante el tiempo de la condena.

Pese a la “claridad de la orden” de retirada de esos símbolos independentistas cursada por la Junta Electoral -añade la Fiscalía- Torra “decidió desatenderla a pesar de ser conocedor que la misma era firme en vía administrativa y que debía proceder sin excusa ni pretexto a su estricto cumplimiento”.

La Fiscalía recuerda que a punto de vencer el plazo de 48 horas para su cumplimiento, Torra presentó un escrito “aparentemente improcedente” instando al organismo electoral a reconsiderar su postura. Pese a todo, la Junta lo admitió y retrasó al 18 de marzo su decisión al respecto.

Cuatro días antes de conocer esa resolución, Torra insistió públicamente en que no retiraría los lazos de los edificios públicos. La JEC reiteró su orden de quitarlos y esta vez le dio 24 de horas de plazo para acatar su decisión. Torra pretextó esta vez que estaba a la espera de recibir un informe del Síndic de Greuges -cuya opinión “resultaba de todo punto intrascendente cuando no inane”, dice el fiscal-, que además estaba en su poder desde al menos tres días antes y que concluía “con la recomendación de atender el requerimiento de la JEC”.

La Junta Electoral, no obstante, dio respuesta a ese nuevo escrito de Torra negando la suspensión solicitada. Pero el presidente de la Generalitat “siendo consciente de su obligación de cumplir con lo ordenado” por la JEC “desatendió abiertamente dicha orden” y a través de la portavoz del Govern, Elsa Artadi, reiteró su determinación de no retirar los símbolos independentistas.

Dos días más tarde, el 21 de marzo, “evidenciando su desprecio a acatar la orden, sustituyó en el balcón del Palau de la Generalitat la pancarta con el lazo amarillo por otra idéntica con el lazo el color blanco”, una “contundencia” en su desobediencia que llevó a la Junta Electoral a ordenar a los Mossos su retirada, lo que se llevó finalmente a cabo por los agentes en las 24 horas siguientes.

Fue Ciudadanos quien denunció a la JEC la exhibición de lazos amarillos, esteladas y carteles con lemas como “libertad presos políticos” o “independencia”, “símbolos asociados a una determinada filiación ideológica o política alineada con los partidos u organizaciones que propugnan la secesión o separación de Cataluña respecto de España”. Los lazos, subrayaba la formación naranja, “representan el respaldo” a los acusados en el juicio del “procés”, nueve de ellos en prisión preventiva, y la estelada se identifica con la bandera “que correspondería a Cataluña una vez consumada la eventual secesión”.