La Generalitat siguió implicada en el 9N tras la suspensión del TC, según varios testigos

La exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega (2d) ha arropado hoy al que fuera responsable del 9N en la consellería de Gobernación, Joan Cañada (2º i), en su declaración como testigo ante el juez del TSJC que investiga la consulta.
La exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega (2d) ha arropado hoy al que fuera responsable del 9N en la consellería de Gobernación, Joan Cañada (2º i), en su declaración como testigo ante el juez del TSJC que investiga la consulta.

Varios testigos que hoy han declarado ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga la causa del 9N han apuntado que el gobierno catalán se implicó en la organización de la consulta después del 4 de noviembre, en que fue suspendida por el Tribunal Constitucional.

Ante el juez que investiga la causa del 9N ha declarado hoy Joan Cañada, asesor en materia de opinión del Departamento de Gobernación que dirigió la organización de la consulta, Elisabet Abad, directora del CIRE que encargó a los presos la confección de urnas y papeletas, y el director del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Jordi Escalé.

También han testificado la directora del instituto Pedraforca de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que se negó a ceder las llaves para que su centro acogiera la consulta, y el responsable de la empresa Focus, a la que la Generalitat pagó 140.000 euros por montar la carpa que acogió el centro de prensa y difusión de datos del 9N.

Los cargos de la Generalitat han reconocido que, tras el 4 de noviembre, la administración catalana siguió implicada en la organización de la consulta, aunque fuera de forma indirecta.

Pero han argumentado que cuando el TC notificó la suspensión era muy difícil detener el proceso de organización de la consulta, que en muchos casos estaba en manos de las empresas que habían firmado convenios con la Generalitat.

En la misma línea, la declaración de los otros dos testigos ha confirmado la tesis de la Fiscalía de que la Generalitat siguió haciendo gestiones relacionadas con la organización de la consulta, tras la suspensión.