La Fiscalía pide al juez registrar la imprenta sospechosa por las papeletas del 1-O

Agentes de la Guardia Civil prosigue el control de las salidas de vehículos de la imprenta de Constantí (Tarragona) hasta nueva orden, ya que, en caso de que localizasen documentación relacionada con el referéndum del 1-O, informarían al juez, han informado a Efe fuentes próximas al caso.

Agentes de la Guardia Civil vigilan desde la tarde del miércoles la sede de una imprenta ubicada en un polígono industrial de Constantí (Tarragona) ante la sospecha de que éste podría ser uno de los epicentros logísticos del referéndum del 1 de octubre. Dos vehículos del instituto armado, con dos agentes cada uno, continuaban controlando ayer los accesos de la imprenta Indugraf con el propósito de obtener alguna pista sobre un material que, según algunas fuentes consultadas por este periódico, podría haberse imprimido y distribuido «hace ya dos semanas».

Trabajadores de la empresa optaron ayer por evitar cualquier tipo de aclaración a los medios de comunicación sobre los trabajos y los encargos que han recibido en los últimos tiempos a la espera de que la presión informativa se rebaje en las próximas horas. Este periódico contactó en varias ocasiones con la empresa para lograr explicaciones, pero la imprenta replicó con una consigna: «No sabemos nada».

–¿Les consta que se haya imprimido material relacionado con el referéndum del 1 de octubre? «No sabemos nada».

–¿Por qué creen que la Guardia Civil vigila los accesos? «No sabemos nada».

El cerrojazo informativo se produjo pocas horas después de que trascendiera la impresión de un documento destinado a las mesas electorales para confeccionar la lista de votantes en el referéndum. El digital «La república checa» atribuyó su confección a esta imprenta de Constantí, cuyos trabajadores se han acostumbrado a mostrar el maletero de sus vehículos a la Guardia Civil.

Mientros los controles continuaban, la Fiscalía se puso manos a la obra para lograr una orden judicial que permitiera a los agentes realizar un registro de la imprenta. Así lo solicitó la Fiscalía de Tarragona al titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, encargado de investigar los preparativos del referéndum del 1-O.

El portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, se tomó a guasa los controles de la Guardia Civil. «Están perdiendo el tiempo», manifestó Turull a Rac 1, sin ocultar una leve carcajada. El dirigente independentista aprovechó, como siempre, para asegurar que los miembros del Govern «obedecerán el mandato del Parlament con todas las consecuencias» ante una eventual inhabilitación como consecuencia de la firma del decreto de convocatoria del referéndum.

A la espera de recibir una orden de registro judicial, los agentes inspeccionaron el servicio de limpieza de esta imprenta, una de las mayores de la provincia de Tarragona, que tiene, entre sus clientes, publicaciones escritas y partidos políticos.

La vigilancia de la Guardia Civil transcurrió con cierta expectación mediática y la CUP no dudó en aprovecharla para llevar a cabo una de sus acciones propagandísticas. Una quincena de militantes de la CUP, entre ellos, la concejala de Reus Marta Llorens y la portavoz del grupo municipal de Tarragona, Laia Estrada, se desplazó al polígono de Constantí para entregar varias papeletas a los agentes que vigilan la imprenta para que «no busquen más». Por fortuna, la acción propagandística transcurrió sin incidentes.

Estrada, en declaraciones a los medios de comunicación, criticó que se registre a los empleados de empresa. A la vista de que la presión iba en aumento, la imprenta solicitó los servicios de un abogado, que llegó a las instalaciones de la compañía sobre las 10.00 horas de la mañana y que estuvo presente durante todo el día.

Al igual que los trabajadores de la imprenta, la Guardia Civil también optó por realizar sus actuaciones con el mayor hermetismo posible, ya que una parte de sus esfuerzos se centran ahora en obtener pistas sobre los preparativos del referéndum.