La oposición ataca que CDC ceda y retire acusaciones contra acusados antisistema

La decisión de la Generalitat de retirarse de una treintena de procesos judiciales referentes a activistas antisistema provocó una fuerte polémica. Los grupos de la oposición consideran que todo está relacionado con el pacto de Junts pel Sí y la CUP para investir como president a Carles Puigdemont.

El portavoz del PP en el Parlament, Enric Millo, alertó de que, si el Govern se retira de estos procesos contra activistas por acciones violentas, evidenciará su tolerancia a una «kale borroka catalana», y pidió la comparecencia urgente en el Parlament de los consellers de Presidencia y de Interior, Neus Munté y Jordi Jané. Aseguró que sería la «consecuencia de intentar corregir los resultados electorales en despachos oscuros» para conseguir el apoyo de la CUP a Junts pel Sí.

Munté dijo ayer que el Govern tiene «predisposición» de retirarse de siete procesos judiciales. Millo consideró que sería una decisión «revestida de mucha gravedad y que requiere una explicación rápida y clara» porque supondría que el Govern se convierte en «quien tolera acciones violentas en Cataluña».

El portavoz de C’s en el Parlament, Carlos Carrizosa, afirmó que «si es cierto, será muy grave» que JxSí y la CUP hayan pactado que la Generalitat se podría retirar de siete causas judiciales contra activistas en las que está personada. «Sería llevar las negociaciones políticas a sede judicial», dijo, y rechazó que se pacte no participar en la persecución de la comisión de delitos. En la misma línea se expresó el PSC, formación que pidió explicaciones por este motivo.

Muy diferente fueron las opiniones de Convergència y de ERC, que defendieron la actitud del Govern de retirarse de estos procesos. Concretamente, desde CDC se concretó que el asunto ya en manos de la Fiscalía.

Por su parte, los sindicatos de los Mossos d’Esquadra advirtieron que si el Govern se retira de procesos judiciales contra activistas, «traspasará una línea roja en la que habrá cedido a un chantaje político con la dignidad de los policías como moneda de cambio». Fuentes de Interior negaron la existencia de este acuerdo. Aclararon que el departamento está analizando desde la llegada de Jordi Jané en junio pasado como conseller de Interior, todos los procedimientos judiciales que están en marcha.