Las agresiones en centros de menores se quintuplican

El sindicato UGT lamenta que los protocolos «no funcionan» y pide una respuesta más firme por parte de la Generalitat frente a estos hechos.

Los trabajadores de los centros de la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) de la Generalitat sufrieron el año pasado un total de 286 accidentes laborales, y el 82 por ciento (235) fueron por motivo de agresión o contención de los menores ingresados, una cifra que se ha multiplicado por cinco desde 2013, cuando fueron 45 incidentes.

Se trata de datos de la UGT, que informó incluso que los datos de de 2017 son provisionales, y todavía podrían aumentar, y que en 2016 la cifra de este tipo de accidentes fue de 217, frente a los 135 de 2015 y los 86 de 2014.

El sindicato criticó que con la aplicación desde julio de 2017 del Protocolo de Prevención y Actuación ante violencia en los centros de la Dgaia «no se han reducido las agresiones» y no se cumplen muchas de las actuaciones a las que se comprometió el gobierno catalán.

«Falta de apoyo»

Para los profesionales, «la percepción es cada vez de más inseguridad y falta de apoyo por parte de una administración que tendría que garantizar por ley esta seguridad», por lo que la UGT reclamó medidas que solucionen de verdad una situación que aumenta con los años.

En concreto, valoró que hay centros que no han desarrollado un trabajo de comunicación y desarrollo para adaptar este protocolo a su realidad particular, y puso como ejemplo que no existe ningún protocolo sobre conducción de vehículos con menores de edad tutelados en centros.

El Servicio de Prevención tiene que presentar en el Pleno del Comité de Seguridad y Salud Laboral un registro por centro de las diferentes situaciones de violencia que se han dado, pero a pesar de que se han realizado dos plenos de este comité, «no se ha presentado ningún registro».

Tampoco se comunicó a los trabajadores ninguna conclusión sobre la vigilancia de la actuación de las mutuas laborales respecto a la atención que le dan al trabajador agredido, y, por otro lado, no se desarrolló el mecanismo de apoyo jurídico que quedó pendiente en el momento de la firma del protocolo.

El protocolo recoge que ante casos de agresiones reiteradas, la Dgaia se coordinará con Fiscalía de Menores y los Servicios de Salud Mental, pero la UGT aseguró que «en la mayoría de centros hay algunos menores de edad ingresados con conductas de violencia reiteradas –tanto hacia trabajadores como a otros menores– y que no reciben ninguna respuesta más allá de las actuaciones internas del centro». En los tres centros de infancia que dependen del Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona «todavía no aplican este protocolo», a pesar de ser centros públicos.