Las antenas del Carmelo, cuestión de competencias

El Ayuntamiento de Barcelona trata de promover una acción colectiva con Generalitat y Estado para poner fin a esta actividad

Las polémicas antenas ilegales del Carmelo mantienen en pie de guerra a todo un barrio desde hace años sin resultados significativos. Más bien al contrario. Las torres y antenas de alta frecuencia siguen proliferando, las administraciones continúan mostrándose incapaces de poner fin a una actividad del todo ilegal, mientras las molestias que sufren los residentes van en aumento y las tensiones entre vecinos, especialmente en las calles Maria Labernia y Labernia, donde se concentra un mayor número de antenas, están a la orden del día.

Y es que mientras Conchita, presidenta de la Asociación de Vecinos del Turó de la Rovira, siempre se ha posicionado en contra de las antenas y su vecina ya ha rechazado alguna oferta para instalar una de ellas en su domicilio, María Jesús ha optado por retirar las dos que consintió ubicar en su parcela pese a que ello supone renunciar a cerca de 400 euros mensuales y sólo unos metros más adelante, Melchor se ha retractado de su postura inicial totalmente contraria a la colocación de antenas en el Turó de la Rovira para autorizar la colocación de una de ellas en su casa. Otra vecina asegura que el par de torres que tiene ubicadas en su azotea, desde donde emiten varias antenas, no hacen daño a nadie, por lo que achaca la oposición vecinal a esta actividad a la inquina hacia ellos.

En cualquier caso, de lo que no hay duda es de que en estas dos calles, los niveles de ondas electromagnéticas a los que están sometido los vecinos debido a las emisiones de la decena de torres con numerosos servicios de radio FM, redes privadas de radio en muy alta frecuencia ubicadas en apenas 200 metros superan con creces los límites de exposición establecidos por la normativa europea. Tal y como demostró un estudio realizado en marzo de 2015 por la Asociación Catalana de Ingenieros de Telecomunicación a petición de la Asociación Catalana de Radio, en nueve de las 12 mediciones que se realizaron se superó el nivel de control de los 14 v/m y en tres ocasiones se rebasó el límite legal de los 28 v/metro. Concretamente se llegó hasta los 87 v/m.

Ello no sólo crea molestias a los vecinos a nivel doméstico, como la imposibilidad de ver la televisión debido a que las interferencias no permiten que la señal llegue con claridad o la inutilización de todo aparato eléctrico, como radiadores o lavadoras que sólo funcionan si se cubren con una capa de aluminio que los aísla de las ondas electromagnéticas de las antenas, sino que, según aseguran los vecinos, está repercutiendo en su salud. «Mi marido fue operado de un cáncer de riñón hace unos años y ahora se le ha reproducido en el otro riñón, algo que los médicos aseguran que es del todo inusual en una persona de su edad, 50 años», explica una de las residentes en la calle Marià Labernia.

Pero es que además, éstas antenas son prueba evidente de una actividad ilegal, ya que la mayoría de ellas están colocadas sin autorización previa y pertenece a radios y televisiones sin licencia. Ello no sólo supone un perjuicio para los oyentes, ya que éstas interfieren en la señal de las emisoras legales, sino que además incurren en competencia desleal, ya que no pagan impuestos. De hecho, tal y como señala Robert Serentill, presidente de la Asociación Catalana de Radio, «las emisoras ilegales nos hacen perder entre un 2% y un 5% de la audiencia y unos ingresos que rondan los 2 millones de euros».

Por todo ello, recientemente la entidad ha presentando un recurso judicial contencioso administrativo contra el Ayuntamiento por entender que éste ha permanecido inactivo ante lo que está ocurriendo en el Turó de la Rovira.Pero el problema va más haya de una supuesta pasividad municipal.

Y es que el asunto de las antenas atañe a tres administraciones. Por un lado, el gobierno central ostenta las competencias en cuanto a la ocupación del espacio radioeléctrico y las telecomunicaciones; la Generalitat, en el ámbito de la prestación de servicios de radios sin licencia; y el Ayuntamiento, en materia de normativa urbanística. En este sentido, la subdirectora de la Dirección General de Medios de Comunicación, Abigail Martínez, señala que «nosotros hemos llevado a cabo actuaciones y la Generalitat ha incoado expedientes sancionadores, que conllevan una multa –entre 101 mil y un millón de euros- para el responsable de la prestación del servicio sin licencia y el precinto de los aparatos utilizados», aunque «en ocasiones, vuelven a retomar la actividad pese a la sanción».

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Barcelona aseguran que están trabajando «en un proyecto relacionado con las antenas pero desde la perspectiva de su ordenación urbanística, que es donde tenemos competencia». Sin embargo, un portavoz del Consistorio asegura que el gobierno municipal «ha establecido una nueva estrategia que pasa por impulsar una acción coordinada entre Ayuntamiento, Generalitat y Administración del Estado para validar el inventario actual de antenas existentes , actuar contra las antenas ilegales de acuerdo con las competencias de cada administración, reformular el proyecto de antena única en la misma zona para realojar las antenas legales y trabajar en un modelo de gestión de esta futura antena única».