Las quejas por el «procés» invaden al Síndic de Greuges

El Síndic de Greuges recibió en 2017 un total de 611 quejas y consultas relacionadas con el proceso soberanista catalán, en aspectos como la participación ciudadana, la seguridad, la libertad de expresión, la aplicación del artículo 155 de la Constitución y sobre la implicación de menores.

El Síndic de Greuges recibió en 2017 un total de 611 quejas y consultas relacionadas con el proceso soberanista catalán, en aspectos como la participación ciudadana, la seguridad, la libertad de expresión, la aplicación del artículo 155 de la Constitución y sobre la implicación de menores.

Según datos facilitados ayer viernes por el Síndic de Greuges de las actuaciones relacionados con el proceso soberanista, ha habido 469 quejas, 21 actuaciones de oficio y 121 consultas, siendo las relacionadas con la participación ciudadana, con 458 –unas 200 sobre la situación de los Avis per la Llibertat de Reus– seguida de seguridad ciudadana, con 89; libertad de expresión, con 41; implicaciones del 155, con 13, y relacionadas con menores, con 11.

En rueda de Prensa tras presentar el «Informe al Parlament 2017» al presidente del Parlament, Roger Torrent, el síndic, Rafael Ribó, alertó de una «regresión» de derechos civiles y políticos en Cataluña, sobre todo por quejas sobre el sobiranismo.

Ribó afirmó que relacionado con el proceso soberanista se recibieron quejas sobre las cargas policiales el 1–O, pero también sobre la cesión de datos y vulneraciones del derecho de participación política.

En su informe, el Síndic de Greuges señala referente a los hechos relacionados con el 1–O que Cataluña «vivió una sacudida, tanto por la vulneración de la Constitución y otras leyes por parte de la Generalitat, como por la respuesta del Gobierno a estas vulneraciones».

Afirmó que los actos ilícitos derivados de las aplicación de leyes aprobadas en septiembre y declaradas nulas por el Tribunal Constitucional (TC) tendrían que haber sido confrontadas con el ordenamiento legal vigente, y con «diálogo y soluciones políticas». Criticó la «desproporción» de las cargas policiales, el encarcelamiento preventivo de presos soberanistas, y la calificación penal de rebelión, que también vio desproporcionada.

El síndic de Greuges remarcó que ya se dirigió al Gobierno para saber quién fue el responsable que ordenó las cargas policiales, y pidió que el Parlament impulse una comisión de investigación sobre el 1–O.

Ribó trasladó las quejas y sus recomendaciones al Defensor del Pueblo, el ministro del Interior, el comisario europeo de Derechos Humanos –quien exigió una explicación oficial al Estado–, el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos y el Instituto Internacional de Ombudsman.

Todas estas peticiones dejaron entrever claramente que muchas de las quejas que recibió el Síndic de Greuges durante el año pasado fueron básicamente quejas sobre el proceso independentista. Y hubo consultas, quejas y demandas de todo tipo, muchas de ellas contra el movimiento soberanista.