Los auditores no comprobaron las facturas del desvío de fondos a CDC

Una constructora admite que el Palau pagó obras por un millón en la casa privada de Millet

Sigue adelante el juicio del caso Palau, con más declaraciones a testigos, en una vista oral que está previsto que termine el 27 de junio, y que de momento ha tenido declaraciones para todos los gustos. Sin embargo, la mayoría de ellas inculpan a CDC en el cobro de presuntas comisiones ilegales a través de una empresa, además de otras claras admisiones de irregularidades en las cuentas de la institución cultural.

La sesión de ayer no fue la excepción. Como es su costumbre, sobre todo en este juicio, el fiscal Emilio Sánchez Ulled, realizó un duro interrogatorio a los dos auditores que analizaron las cuentas del Palau de la Música, Antoni Gracia y Roger Margarit. Básicamente, les pidió explicaciones por no haber detectado el desvío de fondos. Una ex contable, Rosalía Inglés destacó en su comparecencia por su continuada falta de memoria.

Con evasivas respuestas, los testigos intentaron capear el interrogatorio del fiscal, que les pedía cuentas por no advertir el saqueo, y provocaron en dos ocasiones la intervención de la presidenta del tribunal, Montserrat Comas, para reconducirlos.

El fiscal preguntó a los testigos sobre los motivos por los que no detectaron irregularidades en las cuentas de la institución, y llegó a espetarles si existía algún acuerdo para efectuar las auditorías del Palau «de forma amable». Además, les afeó su falta de comprobaciones en varias de las operaciones económicas que después se constató que estaban detrás del expolio de la entidad cultural y, particularmente, por las facturas falsas con las que sospecha que el Palau hizo llegar a CDC comisiones ilegales a una empresa.

Por otra parte, un administrador de la constructora Triobra, Emilio Vidal, también compareció como testigo en el juicio, y confirmó que su empresa facturó las obras del anexo de la casa de Fèlix Millet en L’Ametlla del Vallès que según el fiscal supusieron en torno a un millón de euros a la entidad musical.

En su declaración, explicó que otro socio de su empresa –que también se encargaba de las obras de remodelación del edificio histórico del Palau– le dijo que estas obras en la casa de L’Ametlla se tenían que facturar al Palau porque se había llegado a un acuerdo entre Millet y directivos del Palau de que debía facturarse así «por temas pendientes o convenio». Entonces la fiscalía recordó que los máximos responsables de todo son Millet y Jordi Montull.