El desafío independentista

Los expertos de Mas trabajan en la futura «constitución» de Cataluña

Carles Viver Pi-Sunyer, presidente del Consejo para la Transición Nacional, ayer junto al portavoz Homs
Carles Viver Pi-Sunyer, presidente del Consejo para la Transición Nacional, ayer junto al portavoz Homslarazon

A miles de personas les cuesta imaginar cómo sería una Cataluña independiente, pero Artur Mas cuenta con catorce expertos que se encargan de hacerlo, aseguran, sin caer en «la especulación teórica». Son los catorce sabios –catedráticos y profesores en su mayoría– que integran el denominado Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), un organismo al servicio de la Generalitat que se propone diseñar todas las estructuras de estado que Cataluña tendría que tener a punto el día después de la consulta soberanista. Antes de acabar el año, este consejo de sabios habrá elaborado una quincena de informes que, entre otras cosas, servirán para redactar la «constitución» provisional del hipotético estado catalán.

El presidente del CATN, Carles Viver Pi-Sunyer (ex magistrado del Tribunal Constitucional), presentó ayer el plan de trabajo que llevará a cabo en los próximos meses y dejó claro que hará «un énfasis especial en el estado independiente porque es el terreno menos estudiado en comparación con otros escenarios como el estado federal».

La casuística de la consulta

El consejo de expertos ha realizado una lista de 19 informes que pretende dar respuesta a «problemas concretos» que suscita la independencia. Lo primero que hará el CATN es preparar un documento donde se contemplará toda la casuística relacionada con la consulta: las vías legales para posibilitar su celebración, la pregunta que se planteará, las garantías del proceso y las consecuencias. Este informe estará a punto a finales de julio.

A continuación, el consejo de expertos trabajará en ponencias para analizar todos los tipos de problemas que debería afrontar un estado de nuevo cuño. La lista de informes incluye las relaciones de la Cataluña independiente con la UE; las relaciones con la comunidad internacional; y las relaciones futuras con el Estado español –que deberían ser «estrechísimas», según Viver Pi-Sunyer–.

Se examinará también la sucesión de normas y de contratos entre la administración del Estado y la Generalitat; el proceso constituyente (constitución, doble nacionalidad, oficialidad de lenguas); el poder judicial de Cataluña; la seguridad interna e internacional; la creación de un servicio exterior y la puesta en marcha de una Hacienda propia.

Los expertos analizarán, además, la relación del futuro estado catalán con el Banco Central Europeo, las instituciones financieras y el euro; el vínculo con agencias y organismos reguladores; el reparto de activos y pasivos entre el Estado y la Generalitat; los efectos del estado propio sobre las relaciones comerciales entre Cataluña y España; la Seguridad Social; el suministro de energía y los recursos hidráulicos; y el espacio de telecomunicaciones.

El grueso de estos informes estará finalizado a finales de año y tan solo quedarán tres o cuatro para el primer trimestre de 2014, cuando se trabajará en la internacionalización del proceso soberanista.

El presidente del comité de expertos aseguró que no tiene la intención de realizar declaraciones públicas, ya que su objetivo es hacer un «trabajo silencioso». Será el Govern de Artur Mas quien se encargue de tomar decisiones a partir de la tarea del CATN y quien, en paralelo, lleve adelante otras iniciativas como la ley de consultas, la cual aprobará el Parlament entre octubre y noviembre.

Viver Pi-Sunyer, magistrado del Tribunal Constitucional entre 1992 y 2001, restó importancia a que el Alto Tribunal haya suspendido la declaración soberanista y aseguró que esto no deslegitima la labor de los expertos. El jurista evitó en todo momento concretar cuáles son sus apuestas. Ni concretó cuál es la vía más factible para celebrar la consulta, ni detalló qué pregunta (o preguntas) deberían formularse llegado el referéndum, ni quiso pronunciarse sobre la viabilidad económica del estado catalán.