Los socialistas catalanes encaran esta semana la refundación del partido

Calma tensa. Críticos y oficialistas, mayoritarios en el PSC, mantuvieron este fin de semana las espadas en alto. Declaraciones y réplicas a través de los medios de comunicación. Contacto interno: ninguno. Antonio Balmón, el número dos del PSC, así lo confirmaba a La Razón. Tanto el sábado como el domingo, el diálogo ha sido inexistente. Si no se producen movimientos de última hora hoy, el portavoz parlamentario, Maurici Lucena, y el secretario de organización, Esteve Terradas, llevarán el caso a la comisión de garantías del partido. Acto seguido quedarán apartados de sus responsabilidades y suspendidos de militancia, hasta que la comisión dictamine.

El martes, en el Parlament, serán apartados de sus responsabilidades en el grupo socialista. De momento no serán expulsados –y serán diputados no adscritos–, pero dependerá de la evolución de los acontecimientos en la ejecutiva. Una forma de ganar tiempo para evitar lo inevitable: la ruptura.

Los críticos siguen tensando la cuerda. Piden una refundación del partido, pese a que en el último congreso su candidatura no supero el 25 por ciento de los votos. Consideran que el PSC «está en una escisión de facto», en palabras de la ex consejera de Sanidad, Marina Geli. Desde la dirección, Antonio Balmón ha insinuado que los críticos «van a fundar una nueva organización política». Los críticos lo han negado, aunque los rumores son insistentes. Ernest Maragall y el actual consejero de Cultura de Artur Mas, Ferran Mascarell, próximos a la órbita de CiU, han hecho un llamamiento a los críticos para que sumen fuerzas.

Maragall y Mascarell llevan tiempo velando armas para convertirse en una especie de ala izquierda en CDC. Montserrat Tura, ex consejera de Interior y Justicia, se ha multiplicado este fin de semana para ser la voz de los críticos. No ha reparado en criticar a la dirección y en situarse en posiciones inequívocamente soberanistas. Hace unas semanas un dirigente de ERC le dijo: «Serás muy necesaria en no mucho tiempo». La incógnita recae sobre Avancem, el único grupo organizado en el seno del PSC, liderado por Joan Ignasi Elena, «Natius». «Natius tiene que decidir qué quiere hacer, él sólo. Mañana –por hoy– veremos», afirma un alto cargo del PSC.

En este complejo escenario, algunos dirigentes se esfuerzan en buscar vías alternativas. Jaume Collboni, portavoz del PSC, o Juli Fernández, primer secretario de Girona, entre otros, han apelado, en una carta pública, a soluciones políticas. «¿Cuáles?», se pregunta Miquel Iceta, elegido el sábado miembro de la ejecutiva del PSOE, perplejo ante la propuesta. Jaume Collboni, candidato a las primarias de Barcelona, cree que cualquier solución «pasa porque entreguen el acta. Se lo hemos dicho personalmente a ellos».

Pere Navarro, el primer secretario, se mantiene prudente. Se ha limitado a pedir respeto por las decisiones de la mayoría del Consell Nacional. El máximo órgano entre congresos avaló la propuesta de votar «no» a una «consulta ilegal y no acordada» con un respaldo del 87 por ciento. Los críticos se niegan a aceptar esta mayoría apelando al programa electoral. «Y el programa dice, simplemente, que apoyaremos una consulta legal y acordada, y lo que los soberanistas llevaron al Parlament, no era una consulta ni legal, ni acordada», comenta un dirigente cercano a Navarro. El mismo que reprocha a los críticos que «se llenan la boca de derecho decidir y luego no aceptan el derecho a decidir del PSC». Precisamente, una encuesta de un medio de comunicación catalán da la razón a Navarro, por un amplio margen, los lectores consideran que los diputados díscolos deben devolver su acta de diputado y abandonar el partido.