Manel Prat, en la cuerda floja

El cargo de Manel Prat como director general de los Mossos d'Esquadra está cada vez más en peligro. La imputación de los ocho agentes de la Policía Autonómica implicados en la violenta detención en el Raval del empresario Juan Andrés Benítez, que acabó con su muerte y con varios vídeos grabados por los vecinos en los que se ve a los policías golpeando a la víctima, pueden ser definitivos para su suerte. El conseller de Interior, Ramon Espadaler, no obstante esquivó anteayer por dos veces la pregunta de si habrá cese inmediato o no.

Con esta nueva polémica, y teniendo en cuenta los antecedentes –la paliza en la comisaría de Les Corts, el desalojo violento del movimiento 15–M en plaza Catalunya y las pelotas de goma–, la gestión de Prat al frente de los Mossos está más en entredicho que nunca. Mientras la conselleria aún no se ha pronunciado al respecto, la mayoría de los partidos de la oposición, los sindicatos de los Mossos y entidades civiles piden su cese inmediato.

Exigencia de ERC

La oposición al Govern quiere la cabeza de Prat. No obstante, la postura de ERC es diferente. La diputada republicana Gemma Calvet amenazó a CiU con exigir el cese de Prat si no se prohíben los disparos de pelotas de goma, que presuntamente provocaron que Ester Quintana perdiera un ojo, aunque no tenga este asunto nada que ver con el caso Raval.

El resto de partidos del Parlament insistieron tanto en pedir la dimisión de Prat y la comparecencia de Espadaler en la cámara catalana. El propio conseller anunció ayer su intención de explicarse sobre este polémico caso.

El portavoz parlamentario del PP, Enric Millo, concluyó que el «más alto cargo de los Mossos probablemente tiene las horas contadas, por lo que cuanto antes se produzca su dimisión, mejor». Desde las filas del PSC, su portavoz, Maurici Lucena, afirmó que «la sombra sobre la honorabilidad, la eficacia y el buen trabajo del director general de los Mossos son tan densas que hace aconsejable que Prat no siga ni un minuto más en su responsabilidad».

En la misma línea se expresaron el resto de formaciones, ICV, C's y CUP. Además, pidieron a ERC que se una a sus peticiones y también acusaron a los republicanos de «querer hacer un intercambio de cromos» con la dimisión de Prat y la prohibición de las pelotas de goma. «Esto demuestra el desorden político de ERC», comentó Lucena. «No deberían tener la tentación de cambiar una cosa por la otra porque haríamos un mal favor a la imagen de los Mossos», señaló la portavoz de ICV, Dolrs Camats.

Los sindicatos de los Mossos mostraron por su parte su malestar, tanto con la decisión de Interior de apartar del cuerpo a los agentes implicados como, de nuevo, con la gestión de Prat. El divorcio con la conselleria se arrastra desde hace años, por muchos motivos, y en numerosas ocasiones los sindicatos han apuntado directamente a Prat. Denunciaron ayer que la decisión del departamento de apartar a los ocho mossos implicados en el caso es de una «máxima dureza». Estos agentes pasarán ahora a cobrar únicamente su sueldo base, sin complementos, por lo que su nómina queda reducida más o menos a la mitad.

Prat no se pronunció ayer, a la espera de la decisión final de Espadaler. El aún director general de los Mossos, encuadrado en CDC, se convirtió en el hombre de confianza de Felip Puig cuando este pasó a ser el titular de Interior, en la anterior legislatura. Tras la última remodelación del Govern, Puig se convirtió en el conseller de Empresa y Ocupación, mientras que Prat siguió en el mismo cargo, pese a ser cuestionado en diversas ocasiones.

El Yazid, el hombre con el que se peleó Benítez antes de ser detenido, quedó desimputado por este caso, según el auto de la magistrada Eva Moltó. Quedan ahora los ocho mossos imputados, a la espera de ser interrogados por la misma juez.

Por otra parte, y en pleno debate sobre las actuaciones de los Mossos, un juzgado imputó ayer a tres mossos de la comisaría de Nou de la Rambla en Ciutat Vella, que participaron en la detención del periodista Bertran Cazorla en este barrio el 15 de junio , y los citó para interrogarles el 20 de noviembre. Según el auto, la magistrada imputó a los agentes de la Policía Autonómica un presunto delito contra la integridad moral y una falta de lesiones tras admitir la querella presentada por el periodista y también por el vecino Juan Manuel Ávila.