Mas aprueba la primera medida a instancias de ERC: gravar a los bancos

Horas antes de que CiU y ERC cerraran su acuerdo de gobernabilidad, el Gobierno de Artur Mas en funciones dio una primera muestra de lo que va a ser la nueva etapa en Cataluña: los desafíos al Estado se van a multiplicar y el giro a la izquierda va a ser significativo. Un decreto ley para crear un impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito así lo demuestra.

La iniciativa, aprobada ayer, deja clara la negativa de Mas a la oferta de diálogo de Mariano Rajoy para apoyar los presupuestos catalanes, siempre y cuando CiU no se entregara a ERC. Los convergentes tienen decidido que la nueva etapa se va a caracterizar por un aumento sostenido de la confrontación, ya que su prioridad en este momento es la estabilidad con ERC.

En realidad, el efecto del decreto ley será nulo. ¿Por qué? Porque el Gobierno ya ha decidido regular este mismo tributo para que el tipo sea del 0 por ciento y, por tanto, una vez lo apruebe el Congreso, no tendrá validez en comunidades como Andalucía y Extremadura, que ya lo aplican, ni evidentemente en Cataluña. El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, criticó esta maniobra del Gobierno, que calificó de «fea» porque su único interés es «intentar ocupar este espacio fiscal». «El proceso de sabotaje es constante», protestó Homs. En un principio, el nuevo impuesto no debe afectar a los clientes, sino a las entidades bancarias que acumulan los depósitos, y la intención es recaudar 500 millones de euros anuales.

Según el decreto ley, si un banco ha captado depósitos por valor de 150 millones de euros en Cataluña se le aplicará un gravamen del 0,3 por ciento. El tipo será del 0,4 por ciento entre 150 y 600 millones, y del 0,5 por ciento a partir de los 600 millones. La normativa prevé deducciones, siempre y cuando se destinen recursos a obra social y a promoción económica en Cataluña. Para evitar deslocalizaciones de depósitos, el decreto ley también prevé sanciones.

El poder de ERC

ERC había exigido la creación de este impuesto desde hace tiempo, pero CiU no lo ha aceptado hasta que no ha tenido más remedio para garantizarse un pacto con las republicanos. De hecho, poco después de anunciar el decreto ley, los dirigentes de Esquerra no dudaron en sacar pecho para reivindicar su nueva influencia.

Pero, en realidad, todo es brindis al sol porque la legislación prohíbe que dos administraciones graven un mismo hecho imponible, lo cual neutralizará la iniciativa de la Generalitat, tal y como el propio gobierno catalán admite en privado. «Lo que no podemos estar de brazos cruzados», se justificaron para buscar ingresos.

La normativa –que avaló el Tribunal Constitucional después de que Extremadura la pusiera en marcha– tendrá efecto retroactivo antes del 1 de diciembre (es la fecha que prevé fijar el Gobierno para su propia iniciativa), de tal manera que exista una posibilidad de sortear el veto del Estado. Extremadura y Andalucía deberán recibir una compensación por la pérdida de estos ingresos, que es precisamente lo que también busca Cataluña.