Mas asfixia al sistema de bienestar

«Estamos al límite», asegura Carles Armengol, secretario general adjunto de la Fundación Escola Cristiana de Cataluña. Los centros de educación concertada catalanes han sido los últimos en dar la señala de alarma al Govern sobre la ruinosa situación que atraviesan debido a los reiterados impagos de la administración autonómica. Lo han hecho mediante una carta dirigida al presidente de la Gene-ralitat Artur Mas, pero éste no es el único sector clave que se encuentra al borde del abismo por este mismo motivo.

Los hospitales concertados y entidades sociales catalanas se sienten también económicamente asfixiados por la importante deuda que mantiene con ellos la Generalitat, que junto a la contraída con las escuelas concertadas ascendería a los cerca de 900 millones de euros.

Escuela concertada

A través de una misiva enviada el pasado viernes a Mas, las diferentes patronales que agrupan a todas las escuelas concertadas catalanas exigieron al gobierno autonómico una solución urgente, puesto que éste les adeuda las subvenciones por gastos de funcionamiento de los últimos cuatro meses, uno situación que se arrastra desde el mes de julio pasado, lo que está abocando a estos centros a la ruina. Las escuelas concertadas reciben dos tipos de subvenciones, una destinada a pagar nóminas del personal no docente y suministros. Es en esta última donde el ejecutivo de Mas no está cumpliendo con los pagos, lo que ha inmerso a estas escuelas, que cuestan entre un 30 por ciento y un 50 por ciento menos a la Generalitat que las de titularidad pública, en una situación económicamente asfixiante.

Los centros concertados tienen la opción de recaudar ingresos extras a través de la oferta al alumnado de servicios y actividades complementarias, de carácter voluntario y de pago, como son la sexta hora, las actividades extraescolares o el servicio de comedor. Pero la difícil situación económica que atraviesan las familias y el aumento de ratio en las aulas ha hecho reducir también los ingresos a través de esta vía.

De esta forma, muchos centros concertados han tenido que retrasar el pago de nóminas o tirar de recursos propios a través de créditos bancario debido a los reiterados impagos de la Generalitat. «Hace más de diez años que venimos quejándonos de que los conciertos educativos están infradotados, puesto que no cubren ni el 40 por ciento del coste real», recuerda Armengol, quien señala que «esta situación se ha agravado con la crisis, que ha supuesto una falta de liquidez por parte de las administraciones y una reducción de nuestros ingresos por actividades complementarias», que hasta ahora eran las que cubrían este desfase entre el coste real y lo que aportaban las administraciones.

En esta línea, Agustín Guillén, secretario técnico y asesor jurídico de la Federación Catalana de Centros de Enseñanza, asegura que «en situación normal, las subvenciones de la Generalitat no cubren y de mucho los gastos reales de funcionamiento de los centros».

Entidades sociales

La situación que atraviesan las entidades sociales catalanas es muy similar. Como destaca Andrés Rueda, presidente de la Associació catalana de Directors de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència Gerontològica, «vivimos en un estado de angustia permanente». El impago de la Generalitat ha ido contra los propios usuarios dependientes con prestación económica, quienes realizan un traspaso de estos fondos a los centros geriátricos y que no han recibido aún la paga del mes de julio. Esta falta de liquidez supone un «deterioro estructural y funcional de los centros, que incide en la calidad», asegura Rueda, quien recuerda que la situación ha obligado a muchos centros ha pedir créditos poniendo su propio patrimonio personal como garantía «una bomba de relojería que estallará en cualquier momento», dice Rueda.

Sanidad ahogada

Para el sector sanitario con concierto, la situación no es tan extrema, pese a que la Generalitat le adeuda el mes de julio de 2012, es decir 345 millones de euros, más alguna partida más, con lo que en total asciende a unos 500 millones. Por ello, según reconocen fuentes de la Unión Catalana de Hospitales, en algunos casos ha sido necesario retrasar el pago a proveedores o demorar el abono delas nóminas para poder subsistir.