Mas iniciará el día 16 un trámite de la consulta que concluirá en 2015

El Parlamento de Cataluña ya tiene fecha para iniciar un proceloso trámite con el que pretende solicitar en el Congreso la competencia para organizar referendos. La Junta de Portavoces se reunió ayer y acordó dedicar el próximo 16 de enero a una sesión monográfica con este único punto del día. El pleno se celebrará a petición de CiU, ERC, ICV y CUP –las formaciones que siguen embarcadas en el viaje soberanista– y se prevé una duración de dos horas. Con toda seguridad, el pleno concluirá con la votación de una proposición de ley donde el Parlament aprobará esta iniciativa autonómica para trasladarla al Congreso. El problema de este procedimiento es su extrema lentitud, ya que, según fuentes parlamentarias, el debate en la Cámara baja podría no producirse hasta 2015, aunque las formaciones catalanistas son más optimistas y confían en hacerlo en primavera.

En todo caso, CiU, ERC e ICV tienen un plan B y es impulsar la misma proposición de ley a través de la iniciativa de sus grupos en el Congreso. El portavoz parlamentario del PP catalán, Enric Millo, retó a Mas a ser «valiente» para defender él mismo la proposición de ley en el Parlament y, posteriormente, hacerlo en el Congreso de los Diputados, tal y como hizo el lehendakari Ibarretxe.

Si Artur Mas se decide a intervenir tendrá que afrontar, a buen seguro, alusiones a la escueta carta que ayer recibió del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, la cual pone fin a la internacionalización de la consulta. Mas se ha dado de bruces con la cruda realidad y se ha encontrado con la soledad más absoluta. Incluso el menosprecio. Alemania y Reino Unido no contestarán. Italia y Francia le dieron la espalda. El presidente de la Generalitat no ha conseguido ni una victoria pírrica. Ha cosechado una más que contundente derrota y un espectacular ridículo.

Sin embargo, los partidos favorables a la consulta no van a cejar en su empeño y han abierto un nuevo frente. Con la proposición de ley que aprobará el Parlament, los partidos embarcados en el viaje soberanista se garantizan mantener encendida –bajas pasiones incluidas– la llama independentista durante varios meses. La razón la encontramos en el farragoso trámite parlamentario.

La proposición aprobada por el Parlament se podrá registrar el 4 de febrero. A partir de este momento, el Congreso remitirá la propuesta al Gobierno, que tiene un mes de plazo para emitir su opinión sobre la toma en consideración y su criterio si considera que implica un aumento de créditos o gastos.

Una vez transcurrido este plazo, la Mesa del Congreso la admitirá a trámite para incluirla en el orden del día. Eso no ocurrirá hasta el mes de marzo y aquí empieza un nuevo baile de fechas. Si la proposición se presenta como resolución de Cámara Autonómica «no se incluirá en el orden del día hasta 2015», según fuentes parlamentarias debido a «la acumulación de proposiciones de las cámaras autonómicas».

Ante esta situación, sólo el Parlament tendría la potestad para adelantar el trámite. ¿Cómo? Renunciando a otra proposición de ley presentada por la cámara catalana y sustituyéndola por ésta. Sin embargo, este cambio implicaría que el Parlament lo aprobara en pleno.

Para evitar este trámite que deja en fuera de juego la fecha del 9 de noviembre, los grupos pro consulta pueden aprovechar el cupo que les corresponde para incluirla en el orden del día como grupo parlamentario, no como iniciativa del Parlament. Utilizando esta fórmula, la proposición podría llegar al pleno, en el mejor de los casos, en el mes de abril. El objetivo de los partidos nacionalistas es conseguir la negativa en este momento, pero ¿qué pasaría si fuera tomada en consideración la proposición de ley? Puede sonar a guasa, pero si el Congreso la toma en consideración, ésta sería tramitada como un proyecto de ley lo que implicaría abrir un período de enmiendas, que puede ser ampliado a petición de dos o más grupos. Una vez haya sido tratada en comisión, la proposición llegaría al pleno del congreso. Fuentes con experiencia parlamentaria sonríen y afirman que «si la situación final es esta, el 9 de noviembre no se vota ni de broma».

En busca del rechazo

Con todo este galimatías, lo que pretenden los grupos pro consulta es que en el mes de abril, como máximo mayo, el Congreso rechace la petición. Es su objetivo, aprovechar el portazo en busca de algo parecido a un efecto boomerang. La petición nace con la voluntad de que sea denegada. Con este tema sobre la mesa, que las farmacias no cobren o que 250.000 familias catalanas no tengan ningún ingreso, son daños colaterales.