Mas recurre su revocación del concurso de ATLL

La Generalitat tuvo que dar ayer largas explicaciones por la rocambolesca situación a la que ha llegado después de que el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (Oarcc) –en la práctica el órgano de control de los contratos de Cataluña del propio Govern–, exigiera el miércoles que se excluya a Acciona del procedimiento de adjudicación de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) tras la impugnación de la otra parte en litigio, Agbar.

Los servicios jurídicos se emplearon a fondo para analizar qué hacer con el contrato de la mayor privatización de un servicio público de la Generalitat, que fue firmado con Acciona el pasado 27 de diciembre y entró en vigor el 1 de enero. Y la Generalitat ha optado por una salida que le daba el propio Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (Oarcc).

Mantener la adjudicación

El conseller de Presidencia, Francesc Homs, explicó que recurrirán por la vía contecioso-administrativa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la resolución de la concesión que el Govern cerró en el último suspiro de la legislatura. Homs defendió que tanto desde las consejerías de Economía como en Territorio y Sostenibilidad «las cosas se hicieron bien», y, pese a que no desautorizó públicamente al Oarcc, que depende del departament de Presidencia, explicó que acudirán a la vía judicial para mantener la adjudicación del concurso a Acciona.

La Generalitat defiende que se guió por el criterio técnico a la hora de fallar el concurso público, pero en su recurso Agbar alegó que la oferta técnica de Acciona incumplía las condiciones establecidas en los pliegos del concurso, ya que modificó el calendario de ejecución de las obras, posponiendo las inversiones exigidas. Por eso, según la compañía que preside Ángel Simón, «si los otros licitadores hubieran sabido que podían programar las inversiones exigidas más allá del calendario establecido en los pliegos hubieran podido modificar las ofertas, no sólo la técnica sino la económica». Para el organismo garante de la contratación pública, aplazar las obras es una «variante que influye en la tarifa que aplicará la empresa concesionaria» y, en definitiva, «afecta al resultado económico final de la oferta».

Por su parte, Acciona consideró que hay un «error de interpretación» en la resolución del organismo catalán. «La propuesta ganadora respeta escrupulosamente el plazo máximo de diez años previsto en las bases de la licitación» para hacer las obras, explicó el grupo presidido por José Manuel Entrecanales. Añadió, en un comunicado remitido a los medios, que este organismo «confunde los plazos parciales de ejecución del plan de obras, que son modificables, con el periodo máximo total de diez años».

La compañía comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que el contrato con la Generalitat sigue siendo «jurídicamente válido y vigente hasta la fecha». Además, advirtió al ejecutivo autonómico de que si decide anular el contrato tiene derecho a la «devolución inmediata» de los 298,6 millones satisfechos como parte del canon total de 1.000 millones, y a la reparación de daños y perjuicios. La Generalitat confió en desencallar la situación en los tribunales.

Más allá de la evolución judicial, la situación complica en sobremanera la situación de las finanzas del Govern, que contaba con poder apuntarse contablemente la concesión de la ATLL por 50 años para reducir el déficit de 2012. La ATLL abastece el agua de Barcelona y su área metropolitana, en total más de 4,5 millones de personas.

La oposición exige explicaciones

La oposición en bloque exigió ayer explicaciones al Govern por la situación a la que ha llevado la mayor concesión de la pasada legislatura. Lluís Recoder ya no es el conseller de Territorio y Sostenibilidad, pero tanto PP como ICV exigieron su comparecencia parlamentaria, de la misma manera que debe dar cuenta de la situación el nuevo titular, Santi Vila. Para el PP también es necesaria la comparecencia del titular de Economía, Andreu Mas-Colell. Los partidos cuestionaron la gestión del Govern en el proceso de privatización. PSC e ICVMas se dirige a la reunión del Consell Executiu, la primera del nuevo ejecutivo autonómico criticaron que puede acabar perjudicando al usuario final.