Morín reitera que los abortos que practicó recibieron el aval de Salud

El ginecólogo, que se enfrenta a 300 años de cárcel, vuelve a ser juzgado por orden del Tribunal Supremo

El caso Morín tuvo tanta repercusión que incluso impulsó una nueva ley del aborto, la de 2010. La investigación arrancó en 2006, a raíz de un reportaje de la televisión danesa que mostraba cómo mujeres procedentes de Dinamarca iban a las clínicas del doctor peruano Carlos Morín, en Barcelona, para abortar fetos en avanzado estado de gestación.

Un año más tarde y una vez registradas las tres clínicas que regentaba (Ginemedex, TCB y Barnamedic), la Fiscalía acusó al ginecólogo de practicar en ellas un centenar de abortos ilegales y le imputó, junto a su mujer y otros empleados, otros delitos como el de falsedad documental (la acusación denunció que se modificaron las ecografías de las embarazadas de más de 22 semanas), asociación ilícita e intrusismo.

Pero la Audiencia de Barcelona decidió exonerar a Morín y el resto de inculpados «por falta de pruebas» y lo único que reprochó fue «cierto descontrol administrativo» en las consultas como acreditaron las inspecciones de la Generalitat. La sentencia concluyó que «esas prácticas hacen sospechar que los abortos, aunque legales, se practicaban con menos rigor del deseable».

El dictamen fue tachado de «escandaloso» por la entidad católica E-Cristians, (principal acusación) porque contenía un claro «sesgo ideológico» que, además, «dejaba en indefensión a los no nacidos». Por ello no dudó en recurrir la sentencia al Tribunal Supremo. Finalmente, el Alto Tribunal accedió en 2014 a repetir el juicio alegando que en la vista oral no se habían tenido en cuenta los testimonios de los periodistas de la televisión danesa.

Así, la Audiencia de Barcelona empezó a finales de enero la ronda de declaraciones de los acusados. Ayer fue el turno de Carlos Morín, que se mantuvo fiel a su declaración inicial. Reiteró que todos y cada uno de los abortos practicados en sus clínicas fueron legales y supervisados por el Instituto Catalán de Salud (ICS). Además, sostuvo que la totalidad de las pacientes acudieron voluntariamente a interrumpir sus embarazos

El ginecólogo –que se negó a responder a las preguntas de la Fiscalía y de las acusaciones y sólo contestó al interrogatorio de la defensa– sostuvo que no se falsificaron las historias clínicas de las pacientes y que nunca se presionó a los psiquiatras para que modificaran en sus informes el estado mental de las pacientes con el objetivo de que encajaran en los supuestos previstos por la Ley.

La declaración de Morín, que se enfrenta a más de 300 años de cárcel, se produjo después de que hubiesen declarado en el juicio durante estas semanas más de 80 pacientes, de las que más de la mitad explicaron que interrumpieron su gestación porque el feto tenía malformaciones.