Puigdemont ningunea al TC y la anulación del referéndum

Como ya viene siendo habitual, cada vez que los tribunales se cruzan en sus planes, los independentistas han vuelto a recurrir a su retórica desafiante para ningunear el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anula la resolución del referéndum.

Como ya viene siendo habitual, cada vez que los tribunales se cruzan en sus planes, los independentistas han vuelto a recurrir a su retórica desafiante para ningunear el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anula la resolución del referéndum. Ayer, todos los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament recibieron la interlocutoria del Alto Tribunal de mano de secretarios judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en la que se advierte de las consecuencias de acabar desplegando la resolución aprobada el 6 de octubre por Junts pel Sí y la CUP, y que instaba a celebrar un referéndum de autodeterminación como muy tarde en septiembre de este año.

Si, paradójicamente, la ausencia de esta notificación fue uno de los argumentos a los que se agarró Artur Mas para defenderse durante su juicio por el 9-N, el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la ha usado para redoblar su desafío al Gobierno y advertir que no modificará ni un ápice su ruta hacia la celebración del referéndum. «Nueva adevertencia del TSJC. La judicialización es toda la oferta de diálogo de Madrid. Pero no hay amenazas que puedan impedir el referéndum», proclamó en un apunte en su cuenta oficial de Twitter, en el que adjuntó una foto en la que aparece firmando la notificación junto al vicepresidente, Oriol Junqueras.

El documento que entregaron ayer los funcionarios del TSJC advertía del «deber de abstenerse de realizar cualquier actuación tendiente a dar cumplimiento a los apartados anulados» de la resolución, así como el «deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la nulidad de dichos apartados». Asimismo, se advierte de las «eventuales responsabilidades, incluso penal, en que puedan incurrir en caso de incumplimineto de lo que ha ordenado el TC».

En la misma dirección que se pronunció Puigdemont, lo hizo la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. En otro apunte en su cuenta de Twitter, avisó que «ni advertencias ni intimidaciones» harán abandonar, lo que según ella, es «la defensa del debate en el Parlament».

La oposición, por su parte, celebró la notificación. El portavoz del PP, Alejandro Fernández, aseguró que demuestra que la justicia y servicios jurídicos del Parlament «funcionan», ya que siempre avisan de las consecuencias que pueden acarrear las iniciativas anticonstitucionales, al contrario del «sentido común» de los políticos soberanistas. El diputado de C’s, Fernando de Páramo, en la misma línea, consideró que «es una pena que día tras día políticos catalanes se saltan la ley, pero estas notificaciones demuestran que la ley es igual para todos, te llames Forcadell, Artur Mas o Francesc Homs». «Aunque Forcadell se piense que está por encima de la ley, debe cumplirla», zanjó el diputado naranja.