«Que el Govern impida los viajes a África no evita la ablación»

Más de 6.000 niñas están en riesgo potencial de sufrir mutilación genital femenina (MGF) en Cataluña, comunidad que alberga la mayor parte de población procedente de países donde se practica esta violación, siendo Senegal y Gambia las dos principales nacionalidades de origen.

Así lo desvelan las investigaciones realizadas por la Fundación Wassu-Uab con el soporte de la Obra Social la Caixa. La directora ejecutiva de este proyecto, la antropóloga Adriana Kaplan, denunció ayer que si bien la Generalitat impulsó en 2002 un protocolo «ambicioso y pionero» para el abordaje de la mutilación genital femenina en Cataluña, la actuación de la administración «está siendo contraproducente».

En primer lugar, porque no se trabaja bien el tema de la prevención, ya que «el Govern no favorece que los médicos y enfermeros acudan a cursos de formación, aunque ellos manifiesten su voluntad». Así lo expuso Aina Mangas, antropóloga y enfermera que actualmente realiza una tesis doctoral sobre la MGF. «No tienen tiempo. Las listas de espera están saturadas y los sanitarios ya no dan más abasto», declaró.

Hay que tener en cuenta que para estas mujeres la circuncisión de sus genitales es una tradición milenaria, algo que les mantiene unidas a sus comunidades. De no aceptarla, corren el riesgo de ser repudiadas por sus familiares.

En Cataluña, cuando se detecta en un parto que la madre ha sido víctima de mutilación, la ley prevé la activación de un protocolo de prevención que aúna a pediatras, psicólogos y trabajadores sociales, para que la menor no corra la misma suerte que su progenitora. Pero «muchos sanitarios no están formados en este sentido y provocan que las familias se cierren y sea imposible trabajar con ellas», afirmó la directora ejecutiva de Wassu-Uab.

A ello se suma, que en la mayoría de los casos los primeros en actuar son los Mossos, con la consiguiente «criminalización». Ante riesgo de mutilación de una menor, es la Policía la que interviene, retirando los pasaportes e impidiendo, en muchas ocasiones, los viajes a África. Una «mala práxis» afirmó Kaplan, que está provocando que muchas familias envíen a sus hijas con familiares y ya no regresen de vuelta a España. Según los datos que manejan las investigadoras de la Fundación Wassu-Uab extraídos del último padrón, 490 niñas, 432 de origen gambiano, han viajado a éste y otros países en los que se practica la MGF en los últimos tres años y no han vuelto a Cataluña.

Doblemente castigadas

Sí vuelen mutiladas, la ley las castiga: mandan a los padres a prisión y a ellas, además de haber sido circuncidadas, las ingresan en un centro de menores. «Son doblemente víctimas, de la tradición y de la legislación. La ley por sí sola no va a cambiar una tradición milenaria, se necesita educación y prevención», aseguró Adriana Kaplan.

Si Cataluña falla en la prevención, también lo hace en la atención a las mujeres que ya han sufrido la ablación de sus genitales. «Salud no puede ofrecer y asumir la reconstrucción del cítoris a estas chicas si no ha formado antes a sus profesionales en el aspecto psicológico y emocional», indicó Ariana Kaplan. El departamento de Salud aprobó el año pasado una medida por la que los hospitales públicos asumirían estas cirujías. Pero sin demasiado éxito. De hecho, el hospital Clínic de Barcelona sólo ha llevado a cabo una intervención.

La antropóloga aseguró que la intervención es «una esperanza» para las jóvenes, pero aseguró que la mayoría no se operarían. La mayoría de las chicas africanas en la diáspora son mujeres en situaciones frágiles, precarias, muchas analfabetas. Además tienen problemas muchos más graves, como la precariedad de sus condiciones de vida o una mala situación económica.