Rajoy logra un frente común ante el órdago del Parlament

Recibe el apoyo de Sánchez y Rivera para actuar, tras hablar con ellos

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría

Recibe el apoyo de Sánchez y Rivera para actuar, tras hablar con ellos

La situación de bloqueo político y de incapacidad para forjar acuerdos en la formación de Gobierno sufrió ayer un paréntesis. Las posiciones antagónicas que los principales partidos constitucionalistas –PP y PSOE– se profesan para echar a andar la legislatura quedaron a un lado, ante un fin superior: la defensa de la legalidad y de la unidad de España. Mariano Rajoy logró articular un frente común con socialistas y Ciudadanos ante el enésimo desafío secesionista que surge desde Cataluña.

El Gobierno en funciones respondió ayer de inmediato al nuevo órdago lanzado por el Parlamento catalán con su decisión de seguir adelante con el proceso de desconexión, suspendido por el Tribunal Constitucional (TC). Mariano Rajoy dio instrucciones a la Abogacía del Estado para que responda jurídicamente, de tal forma que el Consejo de Ministros del próximo viernes autorizará a la Abogacía a interponer un incidente de ejecución contra la resolución aprobada por la Cámara autonómica catalana. El objetivo es la suspensión de todos sus efectos, y abrir así la vía, ante el caso de un incumplimiento, a una querella por desobediencia por parte de la Fiscalía, en un procedimiento muy parecido al que se siguió con motivo de la consulta secesionista del 9-N. El Constitucional suspenderá, por tanto, las tres fases de desconexión aprobadas ayer: la participativa, las elecciones constituyentes y el referéndum unilateral.

En el plano político la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, compareció en el Congreso para solemnizar el discurso de oposición frontal por parte del Gobierno en funciones y del PP a los planes independentistas. Justo el día en el que el Rey recibió a los partidos nacionalistas y secesionistas para tantear su posición respecto a una investidura de Rajoy. De esas consultas con el Monarca salió el «no» a la candidatura de Rajoy.

La vicepresidenta garantizó que el Gobierno seguirá estando muy pendiente de las decisiones de todas las instituciones catalanas para defender la legalidad constitucional, la igualdad entre todos los españoles y su derecho a decidir cómo quieren que sea su país. Rajoy seguirá recurriendo cada decisión que «ataque» la legalidad constitucional, y no va a dejar «pasar ni una». «Hoy se ha dado un paso más, reiterado, pero contumaz y grave. Y ahora lo importante es actuar conjuntamente frente a decisiones que nos atañen a todos», añadió. Una apelación al consenso sostenida en las conversaciones que el presidente en funciones mantuvo con los representantes del PSOE, Ciudadanos y Podemos. Pedro Sánchez y Albert Rivera avalaron su decisión de actuar. Pese a la situación de interinidad, la repetición de las elecciones generales, y que se mantenga el bloqueo político, el Gobierno insistió en dejar un mensaje de tranquilidad: hay voluntad política y hay mecanismos jurídicos para responder al desafío secesionista.

Éste es el segundo incidente de ejecución que planteará la Abogacía del Estado por la actividad de la Comisión de Estudios catalana, tras su creación el 20 de enero. El 1 de febrero el Gobierno en funciones impugnó ante el TC su formación porque entendía que la intención del Parlamento de Cataluña era eludir los pronunciamientos del Constitucional.

Como entonces, Rajoy también contará ahora con la colaboración del líder del PSOE, Pedro Sánchez, que ayer se puso en contacto con el presidente en funciones para «trasladarle el apoyo del Partido Socialista a la exigencia de cumplimiento de nuestra legalidad». Sánchez considera que la decisión del Parlament es un «grave error político» y advirtió a JxSí y la CUP de que «carecen de toda facultad para adoptar decisiones que contravengan la ley». Para el líder socialista el movimiento de estos partidos supone «desoír a conciencia al Tribunal Constitucional» y va dirigido a «quebrar la convivencia y a dividir a la sociedad», en lugar de favorecer el diálogo para reconstruir los puentes entre La Generalitat y el Estado.

Por su parte,el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, durante la reunión de su grupo parlamentario en el Congreso se mostró «orgulloso» de lo que hicieron sus diputados ayer en el Parlament «negándose a votar una ilegalidad» y aseguró que para eso sirve votar a C’s. Rivera ve con «muchísima tristeza» lo que está sucediendo en Cataluña. Espera que el TC «haga su trabajo» y que la Fiscalía, «si lo considera», también pueda actuar de oficio. E hizo hincapié en que en los países democráticos «ningún político está por encima de la ley».