Revés de los letrados del Parlament a los planes de desconexión de JxSí y CUP

El bloque soberanista sufrió ayer un revés a sus anhelos de desconexión con España. En esta ocasión no cabe aferrarse a que el Estado se excusa «en las faldas de un tribunal que controlan», tal y como dijo en su día el líder de CDC en el Congreso, Francesc Homs, tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba la resolución rupturista del 9 de noviembre. Ayer fueron los servicios jurídicos del Parlament los que emitieron un informe contrario a la fórmula de ponencia conjunta escogida por Junts pel Sí y la CUP para impulsar las leyes de Transidoriedad Jurídica, Hacienda y Seguridad Social. Tres leyes básicas para el avance del proceso independentista.

El portavoz adjunto de Junts pel Sí, Roger Torrent, trató de mantener el tipo diciendo que su grupo defiende las ponencias, pero añadió que ahora debe analizar junto a la CUP el informe del Parlament antes de decidir si siguen adelante o si, por el contrario, rectifican, tal y como sugiere la Cámara catalana.

Los servicios jurídicos del Parlament subrayaron que una ponencia conjunta se crea por voluntad de todos los grupos parlamentarios y cuando se crea, se les invita a participar. Este planteamiento colisionaba de lleno con la negativa a participar de los cuatros grupos que se oponen a la independencia (Ciutadans, PSC, PP y Catalunya Sí Que Es Pot), que reclamaron el pasado martes que Junts pel Sí y la CUP presentaran un proyecto de ley o proposición de ley en lugar de enmascarse en una ponencia conjunta.

Los letrados del Parlament se alinearon con la oposición. «La creación de una ponencia conjunta es una especialidad del procedimiento legislativo que tiene como supuesto de aplicación las leyes de desarrollo básico del Estatuto», rezaba el informe. No obstante, el informe no es vinculante y, por tanto, la mayoría soberanista de la Mesa podría dar luz verde a la creación de las ponencias. Esta votación se producirá la semana que viene. En caso de que siga adelante, se estaría obligando a «los grupos parlamentarios a asumir una participación activa en la elaboración de un texto normativo en contra de sus legítimos intereses políticos», advierten los letrados.

Los servicios jurídicos del Parlament cuestionan la vía de la ponencia conjunta y sugieren otras alternativas: «Disponen de otros instrumentos parlamentarios que pdrían ser utlizados», en alusión a una proposición de ley, un grupo de trabajo o una comisión específica.

Los grupos de la oposición coincidieron en pedir a Junts pel Sí que rectifique. Los más contundentes fueron Ciutadans y PP, que amagaron con acudir al TC en el caso de que el bloque soberanista persista con sus planes. PSC y Sí que es Pot se limitaron a reclamar un cambio de planteamiento a la vista de la claridad con que los letrados del Parlament han desaconsejado la ponencia.

LAS CONCLUSIONES

Primera. La creación de una ponencia conjunta es una especialidad del procedimiento legislativo que tiene como supuesto de aplicación las leyes de despliegue básico del Estatut.

Segunda. Existen precedentes de ponencias conjuntas respecto a iniciativas ajenas al desarrollo básico del Estatut. Sin embargo, hay que recordar que en estos casos la decisión de la Mesa y de la Junta de Portavoces de crear las ponencias se ha tomado siempre con consenso y sin la oposición expresa de ningún grupo parlamentario.

Tercera. La finalidad de las ponencias conjuntas es la de constituir un marco de trabajo conjunto de todos los grupos parlamentarios con tal de elaborar el texto de una proposición de ley.

Cuarta. La creación de una ponencia conjunta tiene efectos sobre los grupos parlamentarios y sobre los derechos y deberes inherentes al estatuto de los miembros de la Cámara.

Quinta. El margen de decisión cuando se trata de constituir ponencias conjuntas es mucha más limitado cuando las materias no son las propias del despliegue del Estatut.

Sexta. Si no se produce el consenso de todos los grupos parlamentarios o, como mínimo, de su mayoría, se presentan dudas sobre la viabilidad de la ponencia porque ésta pierde el sentido para la que fue prevista y porque su creación puede generar como efecto la participación activa, cuando el Reglamento no impone esta obligación.

Séptima. Los grupos que han solicitado las ponencias conjuntas pueden ejercer su derecho de iniciativa de acuerdo al procedimiento ordinario.

La CUP avisa al Govern de que no frenar el BCN World pone en peligro la estabilidad

Hay «pleno consenso» para convocar la consulta sobre la viabilidad del macrocomplejo de ocio de BCN World. También hay «pleno consenso» sobre la conveniencia de «mejorar y revisar» este proyecto turístico, apuntaba ayer la consellera de la portavoz del gobierno catalán, Neus Munté, aunque no hay ni calendario para la consulta ni se ha decidido si esta debe abrirse a toda Cataluña o centrarse en los municipios afectados, Vila-Seca y Salou. En total lo que hay son vaguedades, con las que el Govern trata de disimular desaveniencias sobre el proyecto entre CDC y ERC. Y mientras el Govern divaga, la CUP avisa de que si el proyecto urbanístico sigue tal y como estaba, por ahora parece que se mantiene un 6 % del espacio reservado a casinos, «puede perturbar la estabilidad parlamentaria». El diputado de la CUP por Tarragona, Sergi Saladié, explicó ayer que tras la reunión con Junts pel Sí y el Govern sobre el macrocomplejo parece que este último tiene la intención de mantener el proyecto sin modificaciones. La CUP entiende que esto contraviene el acuerdo y que podría perturbar la estabilidad. parlamentaria.