Rigau admite el desvío de dinero de guarderías a la concertada

La Generalitat derivó, entre 2012 y 2014, 81 millones de escuelas municipales.

La exconsellera catalana de Enseñanza Irene Rigau no tuvo ayer más remedio que admitir el traspaso de 81 millones del servicio de guarderías público a la escuela concertada. Según explicó Rigau, durante los años 2012 y 2014, tuvo que reajustar el presupuesto para pagar las nóminas de los docentes. A su juicio, se trataba de una «obligación legal».

Las alarmas saltaban ayer con la revelación de «El Periódico» del traspaso de fondos. Al fin y al cabo, los ayuntamientos catalanes llevan tiempo lamentando que las aportaciones de la Generalitat a las guarderías municipales han menguado considerablemente en los últimos años. Rigau, sin embargo, manifestó que para poder hacer frente al pago de las nóminas en unos años en los que se tuvo que llevar a cabo «un importante ajuste presupuestario», se tuvo que dar prioridad a este capítulo por encima del destinado al tramo de escolarización de 0 a 3 años. La exconsellera consideró que sería un «escándalo que alguien pudiese poner en duda el pago» de las nóminas de los docentes de la Concertada. La actual consellera de Enseñanza, Mertixell Ruiz, fue un paso más allá y explicó que la Generalitat tuvo que abonar el sueldo de los docentes porque el Gobierno dejó de pagar más de 73 millones de euros a la Generalitat para la escolarización de P3 a P5 (parvulario), entre los años 2011 y 2012.

Para solventar esta falta de subvenciones, el gobierno catalán optó por asumir con presupuesto propio la escolarización de los 3 a los 6 años y «garantizar las nóminas de todos los docentes, también de los maestros y profesores de la escuela concertada, ya que es el departamento de Enseñanza quien efectúa directamente el pago de las nóminas de estos docentes», añadió Ruiz. Si con el gobierno tripartito la aportación de la Generalitat se situaba en 1.800 euros por plaza y año, el curso 2010-2011, el primero de Rigau como consellera, esta cifra descendió a 1.600 y en el 2011-2012 se situó en los 1.300 euros, según anunció la propia consellera en mayo de 2012 en el Parlament.

Todas las patronales de las escuelas concertadas, tanto cristianas como laicas, defendieron la «legalidad y objetividad» del «reajuste» presupuestario. En un comunicado, rechazaron que se haya tratado de un «desvío» de dinero «con finalidades distintas de las establecidas por el ordenamiento jurídico». «Es una acusación muy grave contra de una autoridad pública, cuya actuación habría supuesto que las escuelas concertadas habrían sido beneficiarias, de manera ilegal y contraria al ordenamiento, de una financiación pública. Acusación gravísima y temeraria en contra de la entonces consellera de Enseñanza y de la escuela concertada», se quejan los colegios concertados.

Según aseguran las patronales de estas escuelas, la transferencia de una partida a otra «tenía como objetivo abonar el sueldo del profesorado de pago delegado, que es una obligación que la Administración debe asumir por imperativo legal (LEC, art. 205 y LOE, art. 117), además de una prioridad social».

Rigau, a la sazón, fue arropada ayer por una treintena de diputados de Junts pel Sí y la CUP durante la firma de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que la inhabilita por un año y medio por haber desobedecido al Constitucional.