Sólo el 22% de los importes de las sentencias se acaban cobrando

La aparente ineficiencia del actual sistema judicial provoca que solo el 21,8% del importe económico de las sentencias ejecutadas en Cataluña acabe recuperándose, según un estudio de la Cámara de Comercio y de la Universidad de Barcelona.

La aparente ineficiencia del actual sistema judicial provoca que solo el 21,8 por ciento del importe económico de las sentencias ejecutadas en Cataluña acabe recuperándose, según un estudio elaborado por la Cámara de Comercio de Barcelona y por el grupo de investigación AQR–Lab de la Universidad de Barcelona.

El estudio, pionero en España y en Europa, según sus autores, analiza por primera vez qué incidencia tiene sobre la economía el retraso a la hora de ejecutar una sentencia judicial.

A partir de una encuesta efectuada a despachos de procuradores y de una muestra de 994 expedientes de ejecuciones presentadas en 2013, este análisis asegura que debían haberse cobrado un total de 6.580 millones de euros, el equivalente al 3,4 por ciento del PIB catalán de ese año, y que tres años después la cantidad recuperada es solo de 1.434 millones de euros, el 21,8 por ciento del total.

Empresas y particulares

Se trata de cantidades relacionadas con la jurisdicción civil y mercantil, por lo que afectan tanto a empresas como a particulares, si bien las ejecuciones hipotecarias suponían aproximadamente el 76 por ciento del importe total.

El estudio, por tanto, se centra en el período que va desde que hay sentencia sobre un caso hasta que se logra la ejecución efectiva del importe de la sentencia, y en los problemas que acaba planteando esa demora en la ejecución para las empresas o los particulares afectados, que en el caso de ejecuciones iniciadas en 2013 implica que unos 5.000 millones de euros aún no se han recuperado.

En este sentido, una conclusión del estudio es que si se mejorara la eficiencia en el sistema de ejecuciones, el PIB catalán se podría haber incrementado entre 74 y 303 millones de euros, y se podrían haber creado o mantenido hasta 4.573 empleos.

Estas hipótesis sobre el PIB se elaboraron estimando una tasa de recuperación de las ejecuciones iniciadas en 2013 de hasta un 35 por ciento del total, frente al 21,8 por ciento logrado. Los autores del estudio explicaron que tuvieron que remontarse a datos de 2013 dada la demora en resolverse las ejecuciones.

El plazo medio del proceso para recuperar los importes concedidos en sentencia judicial es de un año y nueve meses, dijo el catedrático de Economía Aplicada de la UB Jordi Surinach, coautor del estudio junto a la directora de Análisis Económico del gabinete de estudios de la Cámara de Comercio de Barcelona, Carme Poveda.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, destacó la «urgencia» de abrir un debate sobre cómo agilizar el sistema de ejecuciones judiciales para evitar su impacto sobre la economía. El problema de las ejecuciones pendientes sigue aumentando.