Tres familias de Tarragona también piden la escolarización en castellano

Sigue el goteo de familias que piden la escolarización de sus hijos en castellano, a raíz a de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que estableció un 25 por ciento de este idioma en las aulas catalanas.

Tres nuevas familias –ya eran 92 hasta ahora este curso – pidieron la escolarización en castellano en Tarragona, concretamente en las localidades de Cambrils, Salou y El Vendrell, aunque la petición se denegará porque no son alumnos de nuevo ingreso, según informó la delegada de Enseñanza en Tarragona, Àngels González.

Resolución pendiente

La petición, con toda probabilidad, se denegará al no tratarse de alumnos de nuevo ingreso, aunque González puntualizó que la delegación y las familias están pendientes de la resolución de la conselleria.

La delegada de Educación también explicó que ningún nuevo alumno de preescolar solicitó clases en castellano. González ofreció estas cifras en el balance del nuevo curso en la demarcación de Tarragona, que este año presenta menos alumnos y más profesorado.

Desde que el Ministerio de Educación abrió las solicitudes para otorgar una ayuda económica a aquellas familias que tienen que llevar a sus hijos a centros privados porque no encuentran ningún colegio en Cataluña, ya sea público o concertado, que utilice el castellano como lengua vehicular, la guerra de cifras entre Gobierno y la Generalitat ha sido una constante.

La consellera de Educación, Irene Rigau, aseguró el viernes que, «por primera vez», puede ofrecer «datos exactos» de cuántas han sido las solicitudes que ha recibido el Ministerio, tras una primera reunión de ambos equipos.

Según informó la consellera, un total de 92 familias han pedido la beca de 6.000 euros para estudiar en castellano prevista en la Lomce. De éstas, el Ministerio ha comunicado 17 expedientes que, a su juicio, podrían cumplir todos los requisitos para su aprobación, al parecer insuficientes para la conselleria, por lo que serán recurridos.

«Sospechamos que en muchos casos habrá fraude de ley puesto que algunos son anteriores a la Lomce», anunció la consellera, que también pidió la derogación de esta disposición al considerar que «es inaplicable».