La Fiscalía abre diligencias a Trias por pagar el alquiler del «banco expropiado»

Xavier Trias sudó sangre cuando era alcalde de Barcelona después de producirse el desalojo de Can Vies, un espacio okupa en el barrio de Sants. Aquel conflicto evidenció las debilidades del dirigente de CDC para controlar a un movimiento que puso contra las cuerdas al entonces alcalde. Escarmentado, Trias optó por evitar más incidentes con los okupas en otro punto de la ciudad, en el «Banco Expropiado» del barrio de Gracia. Ordenó el pago de 65.000 euros al año a la inmobiliaria propietaria de una antigua sede de Caixa Catalunya y así evitó la violencia de los antisistema durante todo 2015. Esquivó el problema con este colectivo, pero ahora tiene un problema con la Fiscalía, que ayer abrió una investigación a Trias para determinar si cometió malversación de fondos.

Según mantiene el ministerio público en el escrito en el que acuerda abrir la investigación por esos pagos, Trias decidió firmar un contrato de arrendamiento con una duración de un año con la inmobiliaria propietaria, Antartic Vintage SL, para evitar el desalojo del local y, por lo tanto, «los eventuales incidentes que pudieran producirse». Esa renta, sostiene la Fiscalía en su escrito, «fue puntualmente satisfecha por el Ayuntamiento hasta la finalización del contrato, sin que el nuevo equipo de gobierno surgido tras las elecciones haya procedido a la renovación».

Al ex alcalde no le quedó otra que comparecer ante los medios para justificar su controvertida medida y aseguró que volvería a repetirla. Según Trias, el pago de 65.000 euros fue una medida «ajustada a derecho» y «en respuesta al interés general de la ciudad» que tomó, dijo, para ganar tiempo e intentar la mediación con los okupas. «Todo lo que está pasando nos está dando la razón», justificó.

El ex alcalde aseguró que, en ningún caso, se pensaba alargar el contrato de alquiler más de un año y que la fórmula fue «provisional, excepcional y limitada en el tiempo» porque «es un grupo okupa que no causa molestias al vecindario, tiene una buena integración y es un edificio emblemático».

Según Trias, el Ayuntamiento no informó de que pagaba un alquiler por el inmueble «porque no era un decisión a favor de ellos», y subrayó que lo hizo en julio pasado, después del cambio de Gobierno municipal porque entonces la resolución del conflicto había dejado de ser responsabilidad suya. «Está pasando lo que sabíamos, una desocupación muy difícil», añadió el ex alcalde en su comparecencia.

Además de justificar el pago del alquiler de los okupas, Trias aseguró que «no se les puede meter a todos en el mismo saco», quizá en referencia a las decenas de radicales violentos que se infiltran en todo tipo de manifestaciones. «En el equipo de la alcaldesa, Ada Colau, hay personas que conocen muy bien este movimiento, y me cuesta entender que no se haya hecho nada durante este año», dijo, en referencia a que ya hay más edificios okupados en la ciudad.