Un vecino denuncia a España ante Europa por las minas Iberpotash

Considera que la Generalitat debería actuar para defender el medio ambiente

Imagen de la construcción de una de las rampas de las minas de Iberpotash
Imagen de la construcción de una de las rampas de las minas de Iberpotash

BARCELONA- Sebastià Estradé es vecino de Sallent (Barcelona) y ha presentado una denuncia contra España ante la Comisión Europea por la «inactividad» de la Generalitat frente a los «incumplimientos medio ambientales» que atribuye a la empresa Iberpotash en la actividad de extracción de potasa. Estradé, de 90 años, pide a Iberpotash una fianza de 120 millones hasta el año 2035 para garantizar que la compañía, propiedad del grupo israelí ICL, lleve a cabo un plan de restauración de los residuos salinos que se han acumulado durante años en la zona.

Este vecino tiene abierto un litigio por el mismo asunto en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y ayer justificó su nueva demanda porque considera que la administración catalana, que subraya que depende del Estado, ha actuado con «cobardía» en sus exigencias legales a Iberpotash. También atribuye «mala fe» a la compañía «en el incumplimiento de sus obligaciones legales de prevenir y gestionar los residuos salinos derivados de su actividad extractiva de potasa».

Estradé, Doctor en Derecho, ha optado por abrir la vía europea al considerar «pírrica» la fianza que ha impuesto la Generalitat a Iberpotash para que esta empresa rehabilite y palíe su impacto en la montaña de sal de El Cogulló. Tras una sentencia del TSJC, la Generalitat propuso a principios de este mes una fianza que asciende a 6,9 millones.

El demantante incluye un informe medioambiental que sostiene que la Agencia Catalana del Agua ha invertido un total de 197,8 millones en las últimas tres décadas para paliar la salinización de las aguas del Llobregat y de su afluente el Cardener, abastecedores de agua al área metropolitana de Barcelona, para paliar el impacto de la actividad de las minas de potasa en la cuenca del Bages.

Iberpotash, por su parte, defiende que cuenta con los permisos necesarios para ejercer su actividad minera, y ejerce en los tribunales su defensa ante estos conflictos.